El decreto de la Junta de Andalucía que regula el ríégimen sancionador para los bancos y sociedades de gestión y patrimoniales que tengan en situación ociosa las viviendas que poseen o administran se olvida de una parte importante del mercado inmobiliario de esta comunidad. En concreto, de las alrededor de 60.000 viviendas de titularidad pública construidas en los años del boom por ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas locales o provinciales y el propio Gobierno regional, y que pese a estar en la mayoría de los casos vacías, no serán multadas.
El decreto ley, que se publicará hoy en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y luego iniciará su tramitación parlamentaria, incluye tambiíén la expropiación del derecho de uso de las viviendas cuyos propietarios vayan a ser desahuciados y queden, debido a ello, en situación de emergencia social.
Una expropiación que el presidente andaluz, Josíé Antonio Griñán, defendió ayer como plenamente legal y ajustada a la Constitución ya que, aseguró, una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 establece que la propiedad privada va indisolublemente ligada a su "utilidad y función social". Griñán reiteró la finalidad del decreto: la movilización del mercado para sacar vivienda en alquiler, y descartó que su objetivo sea recaudatorio.
Josíé Prados, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga, criticó ayer muy duramente el decreto anunciado por la Junta y recordó que todo ese parque de vivienda público -que cifró en esas 60.000 unidades- no se vende porque no hay financiación. "Pero de esas viviendas nadie habla, sólo de las de los bancos y las inmobiliarias". Prados tambiíén cuestionó la cifra de 700.000 viviendas vacías en la comunidad que la consejera de Fomento, Elena Cortíés (IU), ofreció el martes.
Doble perjuicio para VPO
En este sentido, Emilio Corbacho, secretario general de la patronal de promotores andaluces Fadeco, rebajó a un máximo de 250.000 las viviendas vacías. "No es lo mismo vivienda vacía u ociosa, que vivienda no vendida", precisó.
Corbacho lamentó además que muchos promotores de VPO, que se lanzaron al calor del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012 a construir pisos por las ayudas que se derivaban de ese plan, ahora no sólo no han recibido esos apoyos por falta de fondos y no pueden venderlas por falta de financiación, sino que además afrontan multas de la misma administración que ha incumplido el citado plan. En esta situación habría como mínimo cinco mil viviendas de protección en Andalucía.
Corbacho señaló que la Junta andaluza se comprometió en ese plan a que, en caso de que fallara la financiación estatal del plan, sería ella misma la que asumiría esos compromisos. Tras recortarse las ayudas del Gobierno central, la Junta incumplió el compromiso del plan en perjuicio de los promotores.
El presidente Griñán, además de sacar a relucir la sentencia del Constitucional de 1987 referida al proceso de reforma agraria que puso en marcha el primer gobierno autonómico andaluz mediante la expropiación de algunas fincas privadas, abundó en su interpretación de esa resolución. "Se consideró constitucional la expropiación de uso que se llevaba a cabo en bienes que no estaban siendo utilizados con una finalidad económica o de rentabilidad social". Y unió esta argumentación con datos sobre otros países europeos, como Francia, Reino Unido o Noruega, entre otros, donde señaló se aplica una "confiscación" de hasta seis años en casos de viviendas que no se utilizan.
Protección
Sobre la "inseguridad jurídica" del decreto de la que alertó ayer el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, Griñán invitó a la oposición a "presentar las enmiendas que considere" durante la tramitación parlamentaria como proyecto de Ley.
Por su parte, la consejera Elena Cortíés detalló ayer un aspecto no revelado el día anterior: las familias en riesgo de desahucio cuyas viviendas sean objeto de una expropiación temporal del uso por un plazo de tres años por parte de la Junta de Andalucía deberán destinar el 25 por ciento de la renta familiar para pagar el dos por ciento del justiprecio de dicho inmueble. "Siempre que el importe que resulte no supere ese porcentaje del dos por ciento", precisó.
"La gente no es que no quiera pagar, sino que no puede pagar ciertas cantidades, pero sí quieren pagar lo que puedan". Y reiteró que a su departamento se han dirigido 119 familias solicitando protección ante desahucios desde que se abrieron oficinas específicas en octubre. El objetivo del decreto, insistió, es "cambiar el comportamiento del mercado" y que bancos e inmobiliarias saquen en alquiler a precios ajustados sus viviendas.
