Acciona, el banco brasileño BTG Pactual y los socios minoritarios que participaron en la compra de la privatización de la concesión de Aigí¼es del Ter Llobregat (ATLL) se encuentran atrapados en el críédito puente que solicitaron para ganar este concurso, lo que dispara los costes financieros de la operación, según han confirmado fuentes empresariales y de la Generalitat conocedoras de la situación.
Acciona solicitó un críédito puente al Banco Santander para hacer frente al primer pago por la privatización de ATLL y a los costes de la toma de control de esta gran infraestructura de distribución de agua en alta en el área metropolitana de Barcelona.
La intención de Acciona y BTG Pactual era estructurar un críédito sindicado algo más tarde que debía armar el banco brasileño a unos tipos de interíés sensiblemente inferiores a los que está pagando actualmente el consorcio ganador.
Fuentes de Acciona han preferido no concretar la cuantía de este príéstamo puente ni sus condiciones financieras, pero sí han confirmado que no se ha cerrado un críédito sindicado posterior para optimizar la estructura crediticia de la operación, una concesión a 50 años que supone pagar en el conjunto del período un total de 995 millones.
El clima de inseguridad jurídica que se generó a causa de la batalla legal que se ha abierto en Acciona, Agbar y la Generalitat por tal y como se ha llevado a cabo la privatización ha impedido cerrar un críédito sindicado con bancos nacionales e internacionales.
Precisamente, una de las razones por las que se recurrió a un críédito puente fue porque el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, apremió al presidente de Acciona, Josíé Manuel Entrecanales, para que firmase la compra antes del 31 de diciembre y, sobre todo, para que ingresase los 298 millones del primer pago. Por tanto, el críédito puente es como mínimo de esta cantidad, según han confirmado fuentes financieras vinculadas a la privatización. Acciona desembolsó este primer plazo el 27 de diciembre, el día antes de los Santos Inocentes. Esta partida sirvió para hacer efectivas las nóminas de los funcionarios de la Generalitat, que tenía su caja exhausta.
Seis días despuíés de que Acciona pagase religiosamente, el í“rgano Administrativo para Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), un organismo independiente de la propia Generalitat que tutela toda la contratación pública de la administración catalana, emitió una resolución según la cual la oferta de los Entrecanales y sus socios no tenía validez por incumplimientos vinculados al calendario de obras. Así, la única opción que podía contemplarse era la que lideraba Agbar. A partir de aquí, la compañía que preside íngel Simón, usó esta resolución como base para su batalla legal tras haber perdido el concurso de la ATLL.
Difícil marcha atrás
La situación financiera en que queda la concesión hace dfícil que la Generalitat pueda retrotraer la concesión de la ATLL sin coste. El planteamiento del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, de que sólo sería cuestión de utilizar los fondos de Agbar y sus socios para devolverle el dinero a Acciona y BTG Pactual no sería posible. Los actuales ganadores, que ya han anunciado que en caso de retrotraimiento del proceso reclamarán daños y prejuicios a la administración catalana y podrían incluir en esta petición el sobrecoste financiero que está teniendo que asumir por la inseguridad jurídica generada.
Además, a más tiempo pase, más aumentarán estos costes financieros. Y se prevíé que la batalla legal como mínimo dure cuatro años, por lo que una rectificación acabaría siendo ruinosa para la propia Generalitat. Tampoco está claro que en este clima de incertidumbre legal, Agbar pudiese volver a reunir a los mismos socios o a otros para optar de nuevo a la privatización, ya que el ejemplo precedente no sirve precisamente para animar a los inversores.
Nadie asume la responsabilidad
Como siempre en Cataluña, la responsabilidad no es de nadie. La Generalitat ni siquiera ha reconocido que se precipitó en el cobro de la privatización de la ATLL. El conseller responsable y principal avalista de la oferta de Acciona, Lluís Recoder, ha dejado el gobierno catalán, el escaño y ha fichado por la firma KPMG. Nadie le ha reclamado responsabilidad alguna por lo ocurrido. Mientras su sucesor, Santi Vila, está dando la cara por una operación que se llevó a cabo con el gobierno catalán en funciones y en la que, ciertamente, íél no tuvo ninguna responsabilidad directa.
Incluso el encargado de la redacción del pliego del concurso, el director de la Agencia Catalana del Agua, Leonard Cargolíé, ha abandonado el puesto, tambiíén por voluntad propia y para incorporarse a una oferta profesional en Andorra. Tras estas dos despedidas a la francesa, y con Recoder agazapado a la espera de que Artur Mas se estrelle en su proyecto soberanista para sucederle como alternativa moderada, desde la Generalitat se sigue afirmando que todo se hizo correctamente. Debe ser por eso que tantos bufetes de abogados están haciendo su agosto gracias al embrollo jurídico que ha provocado esta privatización.
