La Fiscalía de Valladolid ha abierto diligencias penales por un presunto delito de estafa con motivo de las participaciones preferentes emitidas en 2004 por las entonces Caja España y Caja Duero, hoy integrantes de Banco Ceiss, atendiendo así el escrito de denuncia que el pasado día 16 de abril fue presentado por la Unión de Consumidores de Castilla y León en representación de un total de veinticinco afectados en la provincia vallisoletana.
La apertura de diligencias penales ha sido dada a conocer esta tarde por el presidente de la citada organización denunciante, Prudencio Prieto, y por su asesor jurídico, Santiago Díez, quienes han destacado que se trata de la primera investigación por estos hechos abierta por una fiscalía en toda España relacionada con la emisión de participaciones preferentes, de ahí el agradecimiento de ambos a la fiscal jefe, Esther Píérez Jerez, por "los arrestos" demostrados por la acusadora pública, tal y como ha subrayado el letrado.
Así, Fiscalía de Valladolid se declara competente para investigar unos hechos que, tras analizar la documentación presentada por la Unión de Consumidores de Castilla y León, pudieran revestir caracteres de un delito de estafa de los artículos 248, 249 y en algunos supuestos del artículo 250 del Código Penal.
La decisión del departamento de Píérez Jerez parte de la evidencia, según entiende, de que los ahorradores minoristas a los que se refieren las presentes diligencias, clientes de Caja España o de Caja Duero (Banco Ceiss actualmente), quienes en 2009 suscribieron preferentes por importes que oscilan entre los 4.000 y los 113.000 euros, confiando en las mismas por la relación que les unían desde hace años han obtenido una información, recibieron una información en las que no se les puso debidamente al corriente de los riesgos del producto que adquirían, como es la posibilidad de píérdida del dinero y no cobro de los intereses.
Información incompleta para el inversor
"Esta información incompleta o inveraz ha generado un error en el consentimiento de los adquirientes de participaciones preferentes en cuanto entendieron que era similar a un plazo fijo con mayor retribución", a lo que la Fiscalía vallisoletana suma el hecho de la avanzada edad de muchos de ellos y su carencia de conocimientos financieros en todos los supuestos, lo que determinó que desembolsarán las cantidades--suman en total casi 440.000 euros--, "sufriendo un innegable perjuicio en tanto que no pueden disponer del dinero y tienen suspendido el pago de intereses por la situación económica de Banco Ceiss".
Pero además, y para cimentar aún más la justificación de las presentes diligencias penales, la acusación pública incide en que en ninguno de los contratos se ha realizado el test de idoneidad y en muchos casos no se ha formalizado el test de conveniencia, mientras que otros se suscribieron incluso a posteriori de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con fecha 16 de junio de 2010, recordara a los emisores de preferentes que es una mala práctica realizar entre los inversores minoristas 'cases' al valor nominal si íéste es diferente al del mercado, ya que en caso de transacciones por encima del mismo se está perjudicando al inversor que adquiere los valores.
Los consumidores defiende que fueron estafados
En su comparecencia, el presidente de los consumidores de Castilla y León, Prudencio Prieto, ha insistido en mostrar su agradecimiento a la responsable de la Fiscalía vallisoletana, "que ha aceptado el encargo de tratar de demostrar que esto es una estafa en negrilla y en mayúsculas" tras constatar, tal y como ha incidido, que ambas entidades han "abusado de la confianza de sus clientes" e incluso han presionado a sus trabajadores, bajo amenaza de despido, para comercializar este tipo de productos.
En la misma línea, el letrado Santiago Díez, quien ha comparecido junto con el anterior y una veintena de afectados, ha añadido que ambas entidades utilizaron este tipo de productos para convertir en capital el ahorro de estas personas, ahorradores individuales, minoristas, no profesionales y con un perfil de riesgo, "convirtiíéndoles de este modo en inversionistas de unas cajas que presentaban serio riesgo de quiebra".
Banco Ceiss ha declinado pronunciarse sobre el inicio de la investigación penal pero, sin embargo, ha indicado a Europa Press su propósito de ofrecer soluciones a los afectados y el compromiso de mantenerles informados de cualquier avance en la materia.
