Manuel Amancio ílvarez, alias 'Josu'; Juan Francisco Rodríguez, alias 'Johnny'; Roberto Carlos Míéndez, alias 'Robert'; Josíé Luis Basterrechea, alias 'Loren' y Miguel íngel Correa, alias 'Correas', fueron presentados el 29 de marzo de 2011 como «la banda de atracadores españoles más importante y activa». Las autoridades les calificaron como «peligrosos delincuentes» tras arrestarlos en un espectacular operativo desarrollado en Bilbao, Portugalete y Castro Urdiales, donde residían. Se les acusaba de 49 atracos a entidades financieras entre 2005 y 2010. El último, el 26 de octubre de ese año en una sucursal del Santander en la localidad tarraconense de Cambrils, donde mataron a Estela Calduch, una cajera que recibió un tiro en el cuello.
El grupo cesó en su actividad tras el homicidio porque se convirtió en la banda más buscada del país. Se inició una operación policial sin precedentes denominada 'Cornisa' por el área geográfica donde principalmente perpetraban sus golpes: Euskadi, Cantabria y Asturias, aunque tambiíén actuaron en Cataluña. 150 miembros de la Ertzaintza, Mossos d'Escuadra, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía trabajaron conjuntamente durante cinco meses hasta que, finalmente, se produjeron los arrestos.
Pieza separada
Ahora, poco más de dos años despuíés, los cinco acusados están en la calle. No ha habido sentencias ni condenas porque los procesos judiciales aún están en fase de instrucción, según el fiscal jefe de Tarragona, Javier Jou. Tras haber transcurrido sin avances el tope de dos años de prisión provisional han quedado en libertad. «Se trata de una disfunción que no es deseable... Esto no tendría que haberse producido», lamentaba ayer a este periódico.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Reus es el que lleva el asunto porque es el que le corresponde a Cambrils, donde se produjo el delito más grave. De hecho, el proceso por el homicidio de la cajera «se desgajó en pieza separada para acelerar la instrucción», dice el máximo representante del ministerio público en Tarragona.
La cuestión es que, a medida que pasaban los meses, los acusados iban siendo puestos en libertad porque el juez de instrucción no entendía que procediese alargar más la prisión provisional. El pasado marzo, al cumplirse los dos años del arresto, «solo dos personas seguían en la cárcel». Se trataba de 'Loren', al que se le imputan delitos de asociación ilícita y varios robos violentos, y 'Josu', sospechoso de haber disparado accidentalmente la bala que segó la vida de Estela Calduch cuando metía la mano por la ventanilla.
'Loren' quedó en libertad el mismo marzo, cuando transcurrió el tope de dos años de prisión provisional. 'Johnny', 'Robert' y 'Correas' habían salido antes porque «el juez puede tomar esa decisión en cualquier momento en función de las circunstancias: se valora la posibilidad de reincidencia, de fuga, de destrucción de pruebas...». Sin embargo, el titular del juzgado decidió prorrogar el periodo de encarcelamiento para 'Josu', acusado del delito más grave, ya que la ley permite dilatar la prisión provisional durante dos años más si hay causa justificada.
La defensa de 'Josu', tambiíén apodado 'El Bravo', presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona pidiendo la libertad de su representado. La Fiscalía se opuso pero, finalmente, los magistrados, en una resolución del 30 de abril, estimaron las pretensiones del abogado. En su auto recriminan al juez instructor que se hayan producido «retrasos no justificados» en el proceso, en el que sigue pendiente la práctica de diligencias de investigación como la declaración de testigos.
El porquíé de los retrasos
De ese modo, 'Josu', baracaldíés de 44 años que en el momento de ser detenido regentaba un bar en Bilbao, regresó el pasado viernes a su domicilio en Castro Urdiales. Eso sí, debe presentarse a diario en el juzgado de su lugar de residencia, le ha sido retirado el pasaporte y tiene la prohibición expresa de salir del país. En definitiva, ya están en la calle todos los miembros de la que fue la banda de atracadores más buscada de España, esa que durante un lustro daba sus golpes valiíéndose de disfraces, pelucas, gorras y barbas postizas para evitar que sus miembros fuesen identificados. Portaban armas de fuego que nunca dispararon hasta que llegaron a Cambrils.
¿Cómo es posible que en dos años la Justicia no haya podido avanzar más en el proceso y que sus retrasos acaben dejando en libertad a presuntos delincuentes peligrosos? Según el fiscal jefe de Tarragona hay dos explicaciones. En primer lugar, el juzgado de Reus se encontró con un proceso en el que debía investigar medio centenar de atracos, lo que implica practicar un número ingente de diligencias como testificales, peritaciones, reconocimientos en rueda... Y parece ser que la Justicia no está preparada para semejante actividad. Por otra parte, Javier Jou apunta a que «en estos juzgados hay mucha movilidad de funcionarios y jueces», lo que tambiíén acaba por provocar retrasos.
