Las díébiles expectativas de reactivación económica para los próximos meses podrían tropezar con otra piedra en el camino. Y es que la Cámara de Comercio Americana (AmChamSpain) ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le advierte de que el futuro impuesto sobre transacciones financieras (ITF), actualmente en discusión en la Unión Europea, lastrará decisivamente el crecimiento y las posibilidades de recuperación en España. Once países europeos prevíén aplicar la conocida como tasa Tobin en 2014 bajo el sustrato filosófico de que los bancos deber asumir su responsabilidad en la actual crisis.
“La propuesta de la Comisión va mucho más allá, y tendrá consecuencias graves no sólo para las instituciones financieras, sino para la economía real en empresas de todos los sectores que utilizan legítimamente instrumentos financieros en el curso normal de su negocio, por ejemplo, para gestionar el riesgoâ€, expone la misiva enviada al jefe del Ejecutivo, a la que ha tenido acceso El Confidencial. “Es inconcebible que la introducción del ITF pueda aumentar los ingresos fiscales sin dañar la economía en generalâ€, remacha el documento, firmado por el presidente de la Cámara, Jaime Malet. Además, deja claro que la tasa hará que España sea menos atractiva para a hacer negocios, tanto para empresas nacionales como internacionales.
Los socios de la Cámara facturan en España 248.000 millones de euros y generan más de un millón de empleos. Forman parte de sus órganos de gobierno firmas americanas como Morgan Stanley, General Electric, Citigroup, Bank of America-Merrill Lynch, Pfizer, IBM o Microsoft, y tambiíén españolas como FCC o Indra. Su presidente de honor es siempre el embajador norteamericano en España, en este caso Alan D. Solomont. Una muestra de que sus puntos de vista coinciden en buena medida con los de la Administración en Washington, de la que la Cámara es punta de lanza en el extranjero. El propio Gobierno de Barack Obama ya ha dado claras muestras de que es contrario a la aplicación de una tasa a las transacciones financieras.
Según la propuesta actual, el ITF gravará con un tipo mínimo del 0,1% las operaciones con valores y del 0,01% las que se efectúen con derivados. Afectará a las “instituciones financieras†establecidas en los once miembros que promueven la iniciativa y a aquellas que operen con esos países más allá del lugar del mundo donde estíén establecidas. La Cámara denuncia que el concepto de institución financiera se define de forma tan amplia que alcanza a seguros, fondos de pensiones, fondos de inversión alternativos y hasta a cualquier persona cuando el valor medio de sus transacciones financieras supere el 50% de su facturación anual neta media total. Una ambigí¼edad que amenaza con afectar a la tesorería de empresas industriales y sociedades mercantiles al financiar sus operaciones comerciales.
Inquietud a escala europea
“Teniendo en cuenta la situación del sistema financiero español, la nueva figura impositiva encarecerá aún más el coste de la financiación, terminará con el mercado de repos de deuda soberana (un instrumento clave para gestionar la liquidez de los Estados) y supondrá enormes problemas para la gestión de riesgosâ€, subraya la carta, que tambiíén se ha hecho llegar a los ministros de Hacienda, Economía y Exteriores. Una inquietud que no es exclusiva de las empresas radicadas en España. “Este desasosiego tambiíén lo comparten, a travíés de AmCham EU, todas las empresas estadounidenses establecidas en Europa, y no solamente en aquellos países que participan en la iniciativaâ€, refiere la Cámara.
Un temor que se basa en que la medida perjudicará, en general, la utilización de los mercados de capitales como instrumentos de financiación y desincentivará fiscalmente a las empresas en operaciones de capital. Por ejemplo, “afectará a las operaciones de cobertura de riesgos incluyendo las fluctuaciones de moneda, a los tipos de interíés o a los precios de materias primas; la utilización de instrumentos financieros a corto plazo para el tratamiento de los excedentes y díéficits de tesorería; la eficiente centralización de riesgos dentro de los grupos empresariales; la utilización de planes de pensiones para los empleados; la protección contra los riesgos de impagoâ€, entre otros movimientos, zanja la carta enviada a Moncloa.
Austria, Alemania, Bíélgica, España, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia y Portugal son los países que han dado un paso al frente para la imposición de esa tasa, que según Bruselas perrmitiría recaudar entre 30.000 y 35.000 millones al año. La medida, que se pretende que entre en vigor el 1 de enero de 2014, podría suponer al Gobierno Rajoy en torno a 5.000 millones anuales. Además de las reticencias de EEUU, socios comunitarios como el Reino Unido tambiíén han expresado sus reticencias al gravamen, sobre todo por sus “aspectos extraterritorialesâ€. Al punto de que el Ejecutivo británico ha recurrido el impuesto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
