La afirmación de que la banca española ha completado su saneamiento con las ayudas recibidas ha quedado en entredicho en menos de tres meses. El Gobierno y el Banco de España buscan fórmulas diferentes para limpiar aún más sus balances con el objetivo de garantizar su rentabilidad futura y dar salida a los grupos nacionalizados.
Entre los riesgos existentes de las siete entidades que han percibido fondos públicos, destaca el volumen de activos tóxicos inmobiliarios que todavía acumulan tras el reciente traspaso al banco malo o Sareb. BFA-Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia, BMN, Liberbank, Caja3 y España-Duero cuentan con 18.548 millones de críéditos al promotor e inmuebles adjudicados por impagos.
En concreto, acumulan príéstamos por valor bruto de más de 7.400 millones, que corresponden a las operaciones por debajo de 250.000 euros despuíés de provisiones, y pisos y suelo por importe de 11.125 millones, de las unidades que no han sido transferidas a la Sareb al tener una tasación inferior a los 100.000 euros tras las dotaciones exigidas por el Gobierno.
Otro de los riesgos que destacan los analistas y los principales banqueros se encuentra en la exposición a las pymes y las hipotecas, dos de los segmentos que más preocupación despiertan en la actualidad por las previsiones de un aumento relevante de la morosidad. En estos nichos de negocio, las entidades nacionalizadas y que han recibido ayudas públicas el montante de la inversión acumulada asciende a la nada despreciable cifra de 209.500 millones.
Ambos factores, en las condiciones económicas actuales, presentan un problema para el sector y, especialmente, para los grupos nacionalizados y que tienen que elevar su valor para que las arcas del Estado recuperen parte del dinero.
Fórmulas de saneamiento
En estas circunstancias, el Frob está analizando diversas alternativas para limpiar del todo sus balances y dar solución a las cuatro entidades que controla (BFA-Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN), aunque principalmente a la catalana y la gallega, que tienen que ser vendidas. Sobre la mesa se encuentran el traspaso de más activos al banco malo, separar los activos problemáticos en bancos puentes para su posterior liquidación o inyectar de forma directa más fondos, al margen de una agrupación de todas las nacionalizadas para ahorrar costes y sinergias sin alcanzar una fusión por causas regulatorias.
El Frob descartó en abril otorgar ayudas a la banca sana para que se quedara con CatalunyaBanc y suspendió su subasta pública. Ahora quiere retomarla cuanto antes, pero para eso necesita antes limpiar sus activos tóxicos.
Los temores sobre los balances de las entidades se han evidenciado con las dos últimas adjudicaciones, la de Banco de Valencia y Banco de Gallego. A pesar de que el Gobierno se muestra no dispuesto a conceder más fondos públicos en estos procesos, se ha visto obligado a otorgarlos para evitar la liquidación de los grupos levantino y gallego. En el primero, dio a Caixabank un esquema contra píérdidas (EPA) para cubrir la cartera de pymes por un importe máximo de 4.500 millones. El Frob estima que el coste apenas ascenderá a unos 600 millones.
En el caso del gallego, el fondo que dirige Antonio Carrascosa tuvo que poner sobre la mesa otros 245 millones para que se lo quedara el Sabadell para asumir riesgos sobre los príéstamos a pymes y los críéditos y activos adjudicados que no había traspasado a la Sareb.
Banco malo
El banco malo puede por su regulación absorber más activos tóxicos, entre ellos financiación a pequeñas y medianas empresas y a familias. El Gobierno, en la regulación de este instrumento, dejó abierta la puerta para que pudiera adquirir tambiíén este tipo de activos a las entidades con ayudas.
Ahora bien, tendría que aumentar su capitalización, por lo que en caso de que ni los bancos sanos ni los fondos de inversión se nieguen a aportar más recursos el Frob se vería obligado a poner el dinero. En este supuesto, es previsible que la participación del Estado en la Sareb superara el 50 por ciento, con lo que su deuda y sus píérdidas se computarían a las cuentas públicas.
Esta fórmula, no obstante, evitaría al Ejecutivo conceder de manera directa más recursos al sector, con la repercusión que ello conllevaría en los mercados.
Otra de las soluciones, contemplada en el pasado, es la creación de bancos puentes. Es decir, desalojar los activos tóxicos en una filial y poder vender de manera rápida y menos costosa el negocio financiero limpio a terceros en una unidad única o por lotes.
Los activos problemáticos se instalarían en una especie de banco malo, que sería propiedad del Frob y que se liquidaría en los próximos años vía ventas y vencimientos de la deuda. Esta alternativa podría evitar nuevas ayudas, pero elevaría algunos problemas al Frob.
Se espera que la próxima semana Economía adopte alguna decisión sobre el nuevo saneamiento.
