Los intermediarios financieros recelan del puzzle autonómico
Publicado en Expansión por Jaime E. Navarro
La nueva normativa que regulará este sector deja parte de su desarrollo legal en manos de cada comunidad autónoma, lo que podría generar que una misma operación se desarrollase de forma diferente en cada región.
Los intermediarios financieros (aquellos operadores que ofrecen servicios de intermediación de críédito y reunificación de deuda sin estar sometidos a la supervisión del Banco de España) han aplaudido la normativa impulsada por el Gobierno para su sector este mes.
En su opinión, aportará, de forma general, más transparencia a los servicios que prestan y mayor protección a los consumidores al fijar un marco legal estable para su actividad. Sin embargo, una lectura sosegada del proyecto de ley que regulará su actividad, en tramitación parlamentaria en el Congreso, arroja otras lecturas no tan positivas.
La futura ley deja, según su actual redacción, la supervisión de estos operadores en manos del Ministerio de Sanidad y Consumo –como lo han hecho la gran mayoría de países de la Unión Europea–, y no bajo la lupa del Banco de España. En materia de consumo, las principales competencias en España están cedidas, no obstante, a las comunidades.
Por este motivo, cada región podrá desarrollar esta ley de la forma en que estime oportuno, un aspecto que preocupa a los intermediarios financieros. “El diferente desarrollo puede dar lugar a diferencias sustanciales a la hora de realizar una operación por parte del cliente, dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremosâ€, apunta Máximo Scavarda, director general de Asifin, la patronal del sector.
Una de las principales novedades que introduce esta norma es la creación de registros (autonómicos y, en caso que no exista, uno estatal) en lo que los intermediarios financieros deberán inscribirse para poder prestar sus servicios. Esta duplicidad de registros plantea tambiíén dudas en el sector.
Registros
Según la ley, la información registrada en un registro autonómico fluirá hacia el estatal y viceversa. Sin embargo, según Asifin, este hecho podría dar lugar a una duplicidad de la burocracia al obligar a los intermediarios a cerciorarse de que su información figura en ambas registros.
En el caso del ríégimen sancionador para aquellas compañías que lleven a cabo prácticas irregulares, los expertos no estiman que sobre el papel haya comunidades duras y comunidades blandas. “No obstante, en la aplicación práctica ya hemos visto en otras ocasiones que hay comunidades muy activas a las hora de aplicar las sanciones y otras más flexibles, que hacen menor uso de su capacidad sancionadoraâ€, explica Miguel Linares, abogado del área de Banca de Cuatrecasas.
Linares hace una valoración general positiva del proyecto, pero apunta que crea un “sistema complejo†de supervisión entre Estado y comunidades autónomas, unido a la supervisión del Banco de España a las entidades de críédito.
“Nos habría gustado que esta labor de supervisión y registro se hubiese centralizadoâ€, apunta Javier López, presidente de Credit Services, una opinión tambiíén compartida por la patronal del sector.
Este proyecto de ley se encuentra actualmente en proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad y Consumo, y tiene abierto un plazo de enmiendas hasta el próximo 18 de septiembre.
Tranquilidad para los franquiciados
El proyecto de Ley sobre intermediación financiera era una vieja reclamación del sector, con el fin de dar luz a un colectivo en el que a veces se metían en el mismo saco las buenas y las malas prácticas.
Además, según reconocen algunos operadores del sector, la existencia de un marco normativo claro otorgará mayor tranquilidad a sus franquiciados, algunos de ellos inquietos tras el escándalo de Afinsa y Fórum.
Aunque los intermediarios financieros no captan pasivo como estas dos empresas filatíélicas, la ausencia de una legislación clara (como en el caso de la inversión en sellos) añadía un extra de inseguridad.
