Endesa puede ser uno de los principales perjudicados por la reforma elíéctrica que Josíé Manuel Soria prepara para finales de junio. Y es que, según aseguran fuentes próximas al Ministerio, este contempla laminar los pagos de 1.700 millones que actualmente realiza para sufragar el sistema elíéctrico insular y que casi en su totalidad se embolsa la compañía. De hecho, el factótum de Industria, Alberto Nadal, estudia fórmulas para modificar el míétodo de cálculo de ese sobrecoste que paga para garantizar el suministro en las islas. Todo dentro del plan maestro que se ha marcado para rebajar los costes regulados del sistema y enjugar el recurrente díéficit de tarifa.
Por razones históricas y desde los tiempos en que operaba bajo el paraguas del Instituto Nacional de Industria (INI), Endesa controla el 90% de los mercados canario, balear y de las ciudades autónomas. Esta ascendencia le reporta importantes ingresos, pero, al tiempo, tiene notable relevancia en su balance. La Ley Elíéctrica, que data del año 1997, ya apuntaba la necesidad de dar un tratamiento particular a los sistemas insulares y extrapeninsulares, debido a su aislamiento. Un real decreto de 2003 y posteriores órdenes de 2006 terminaban de configurar un modelo de liquidación de costes favorable a Endesa que el Ejecutivo cree que ha llegado el momento de revisar.
“Nadal tiene claro que la operativa se puede realizar de una forma más eficienteâ€, aseguran estas fuentes. El Ejecutivo ya dejó claras sus intenciones en marzo, cuando dio luz verde a un anteproyecto de ley para introducir competencia y reforzar la seguridad de los sistemas insulares y extrapeninsulares. El Ejecutivo, que no daba muchas precisiones sobre las implicaciones económicas de la medida, sí dejó claro que favorecería la entrada de nuevos operadores, lo que provocó las iras de Endesa al ver comprometido su monopolio en las islas. Según aseguran fuentes conocedoras del proceso en marcha, a Industria no le va a temblar el pulso y la elíéctrica puede sufrir un tajo notable a su facturación por este concepto.
Como resultado, el entuerto insular puede acabar de dinamitar las relaciones entre el Gobierno y Endesa. Nadal y el presidente de la compañía, Borja Prado, ya mantuvieron un tenso encuentro en marzo a resultas del proyecto legislativo y la reforma energíética en ciernes. Días despuíés, la mano derecha de Soria se despachaba asegurando que era difícil negociar con la elíéctrica por ser de otro estado. “El principal accionista de esa empresa es un estado miembro de la UE. No son las mejores condiciones para negociar con ellaâ€, puntualizó. El secretario de Estado tuvo que llamar a Prado para disculparse, según dijo el propio ministro para templar gaitas.
Para complicar más las cosas con la elíéctrica, la nueva ley plantea un veto a las retribuciones “a nuevas instalaciones de empresas o grupos de empresas que poseen más del 40% de la potencia de generación†e implicará tambiíén el traspaso a Enagás de dos plantas de regasificación planificadas en Tenerife y Las Palmas desde la íépoca de Manuel Pizarro como presidente de Endesa. Sin contar con la venta obligada a Red Elíéctrica (REE) de los sistemas de bombeo elíéctrico en Canarias y Baleares. No es de extrañar que el plan haya encontrado la oposición de Borja Prado, que hasta ahora ha pinchado en hueso con el actual secretario de Estado. Ese es el difícil contexto en que el Ministerio afronta la reforma elíéctrica.
En manos de Montoro
Además, la decisión de liquidar los costes insulares y extrapeninsulares permitiría a Soria suavizar la habitual tensión con el Ministerio de Hacienda, que veta año tras año la transferencia de esos costes a las cuentas públicas. “Como en el ejercicio anterior, durante 2013 queda en suspenso la aplicación del mecanismo de compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado establecido en la Disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 6/2009 por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energíético y se aprueba el bono social, conforme al cual se determinan las compensaciones por los extracostes de generación de los Sistemas Elíéctricos Insulares y Extrapeninsularesâ€, rezan las cuentas públicas.
Tambiíén está por ver que Cristóbal Montoro, en plena gestión de las miserias presupuestarias, asuma de buen grado la totalidad del críédito extraordinario de 2.200 millones aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente a los posibles desfases entre ingreso y gastos del sistema elíéctrico en 2013. De hecho, el propio Soria ya aseguró en su momento que disponer de ese dinero no implicaba utilizarlo. “Hay que ver cómo evolucionan los costes del sistema y si llega el casoâ€, apuntaba. Por si la cosa se tuerce, mejor aquilatar los gastos lo más posible. Los costes regulados del sistema superarán este año los 20.000 millones de euros y, a la vista de los ingresos y si no se toman medidas, el saldo negativo puede superar los 5.000 millones.
El desaguisado que supone el díéficit de tarifa es de tal calibre que el Ejecutivo popular no sólo debe poner coto a una brecha que se acerca a los 30.000 millones de euros, sino que los diferentes Gobiernos tendrán que afrontar en los próximos años (hasta 2027) pagos de hasta 5.580 millones en concepto de intereses por la deuda de 18.652 millones titulizada hasta ahora, y que apenas alcanza las dos terceras partes del total. De hecho, los próximos ejercicios se vislumbran especialmente duros, con vencimientos que se sitúan en 2.066 millones en 2013, llegan a los 2.705 millones en 2014, y se disparan hasta los 4.600 en 2015. La reforma elíéctrica busca lograr que, al menos, el agujero no siga creciendo. Salvo que Industria se despache con otro parche.
