El Gobierno de Murcia, que lidera el popular Ramón Luis Valcárcel, quiere ver en funcionamiento cuanto antes la que fue infraestructura estrella de la región antes de la crisis, el aeropuerto de Corvera. Y Sacyr, primer accionista de Aeromur (60,7%), concesionaria de la instalación, está en la misma posición. Pero, lejos de ponerse de acuerdo, se han enzarzado en una fuerte batalla de imprevisible resultado.
Sacyr, junto a inversores como Banco Mare Nostrum, Grupo Fuertes o Cementos La Cruz, ganó el contrato de construcción y explotación en abril de 2007. Llegó la crisis y se complicó la financiación, por lo que el propio Gobierno de Valcárcel ofreció un aval por 200 millones para allanar el camino de lo que representaba entonces todo un ejemplo de colaboración público-privada.
La Caixa encabezó un sindicato bancario que hoy destila máxima preocupación despuíés de que Corvera, con las obras rematadas hace un año, no haya podido abrir sus puertas. Banco Espirito Santo, con 45 millones prestados, aboga por cancelar el príéstamo.
Ante esta situación de emergencia, la Consejería de Obras Públicas que encabeza Antonio Sevilla inició el 22 de mayo el expediente para rescatar la concesión y volver a sacar el aeropuerto a concurso. El trámite debería llevarse unos tres meses, pero aún falta por conocer las alegaciones de Sacyr, que serán presentadas esta semana tras un aplazamiento.
La Administración respalda su decisión en cuatro puntos: la concesionaria no ha mostrado diligencia para tramitar la documentación del aeropuerto; se ha incumplido la fecha de apertura (Aeromur alega que no aparece fecha alguna en el contrato); la empresa no ha aportado un organigrama con los responsables de explotación de la infraestructura, y no ha desarrollado conceptos que acompañaban a su oferta como es la creación de un complejo de ocio y comercial anejo al aeropuerto. En este último aspecto, Sacyr dice que pretende esperar hasta que haya aviones en las pistas.
Corvera está ubicado a unos 30 kilómetros de Murcia y su construcción ha requerido los 200 millones citados. A cambio, Aeromur debe explotar las operaciones durante 40 años. Distintas low cost manifestaron interíés en el pasado por utilizarlo de base, con una pista y previsión de 12 millones de pasajeros en 2030.
Antes del esperado estreno, tanto Sacyr como el propio Gobierno de Murcia han tratado de que Aena cierre al tráfico civil el aeropuerto de San Javier, a 40 kilómetros de Corvera. “La clausura de San Javier no figuraba en el contrato, pero el Gobierno regional lo ha perseguido y prueba de ello es el protocolo que firmamos con el anterior gabinete de Fomento en noviembre de 2011â€, citan desde el Ejecutivo murciano.
San Javier recibió 1,2 millones de pasajeros en 2012 y Aena se muestra reacia a dejarlo en exclusiva para el tráfico militar. Máxime cuando aún está fresca en el calendario la inversión de 70 millones en una segunda pista.
Ante lo que califican de “incumplimiento de una palabra firmada por Fomentoâ€, desde Aeromur se avanza que la concesionaria está incluso dispuesta a competir con San Javier, pero se demanda que Aena díé su opinión de forma definitiva antes de contratar personal para Corvera. Y es que, el protocolo firmado en los últimos días de Josíé Blanco al frente de Fomento incluía que Aeromur debía quedarse con el personal de San Javier si íéste cerraba al público.
Al margen de esta reivindicación, Aeromur ha pedido en dos ocasiones (2009 y 2010) el reequilibrio económico-financiero de la concesión a travíés de instrumentos que aseguren la generación de caja, como una cuenta de compensación o ingresos garantizados. Las dos veces le ha sido negada porque Obras Públicas entiende que no puede reequilibrar el resultado de una infraestructura que no ha comenzado a operar.
En cuanto abriera sus puertas, Corvera generaría unos costes de 22 millones anuales imputables a Aeromur, de los que diez millones derivan del pago de intereses. La concesionaria defiende que los cambios en la regulación aíérea de 2009 motivaron que el Gobierno regional designara a Aeromur como gestor aeroportuario, lo que añadía responsabilidades como el control aíéreo o de la seguridad. Unos nuevos cometidos que no estaban contemplados en el contrato y que, según la parte privada de este conflicto, suponen tres millones anuales de sobrecoste. “Solo esta alteración debería ser motivo de reequilibrioâ€, defiende Aeromur.
