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Con su publicación en la gaceta oficial francesa cobró vigencia la políémica Ley de competitividad y seguridad del empleo, rechazada por los sindicatos mayoritarios porque flexibiliza el mercado laboral a favor de los empresarios.
La normativa permite a los patronos modificar el contenido del contrato de trabajo según sus necesidades, una medida considerada por los principales gremios como peligrosa para los derechos de los asalariados.
En esencia los empleadores pueden aumentar la duración de la jornada laboral o recortar el monto de los salarios, si la coyuntura económica les es adversa.
Tambiíén adquieren el derecho de despedir a los trabajadores que se nieguen a aceptar estas medidas.
A cambio de eso, estarán obligados a mejorar las condiciones de los seguros complementarios de salud, brindar mayores oportunidades para la superación de sus empleados y aceptar un delegado sindical en los consejos de dirección.
Según el gobierno, esta flexibilización permitirá a las empresas francesas disminuir sus costos de mano de obra, mejorar su competitividad en situaciones difíciles y, a la postre, generar más oportunidades de empleos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció que esta práctica constituye un retroceso en las garantías contenidas en el Código Laboral francíés.
El texto de la ley se elaboró a partir de una negociación entre las organizaciones patronales y tres sindicatos minoritarios, bajo la supervisión del ejecutivo.
La CGT y Fuerza Obrera se negaron a aceptar los tíérminos de este acuerdo porque deja al trabajador sólo ante los designios de sus empleadores y afecta los contratos laborales y los convenios colectivos.
