La Comisión Europea ha tardado la friolera de cuatro años en pronunciarse sobre el plan de subvenciones para extender la TDT puesto en marcha por el Gobierno Zapatero. Sin embargo, cuando lo ha hecho, no ha podido ser más dura en la crítica a España, extensible al PP por su inacción en el tiempo que lleva al frente del Ejecutivo. Y es que Bruselas no sólo considera que las ayudas estatales aprobadas en 2005 son contrarias a la normativa comunitaria y obliga a devolverlas. Tambiíén acusa al país de causar un notable perjuicio a sus propios contribuyentes al cargar sobre ellos el pago de unas “subvenciones improcedentes†por importe de 260 millones.
“En los Estados miembros que respaldaron la conversión digital respetando el principio de neutralidad tecnológica, otros operadores de plataforma han participado con íéxito en las licitaciones públicas. La medida española, por el contrario, falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente españolâ€, lanza sin ambages la Comisión.
Para entender todo el proceso hay que remontarse a mayo de 2009. Fue entonces cuando el operador de satíélites Astra presentaba una denuncia ante la Comisión por entender que la decisión del Gobierno socialista de privilegiar la vía terrestre para extender la señal de televisión al 98,5% de la población excluía otro tipo de tecnologías tambiíén capaces de acometer el proceso, como el propio satíélite. La firma luxemburguesa simplemente quería competir y veía el fantasma de Abertis como operador de red -y el indudable peso político de La Caixa- detrás de la decisión. Bruselas decidía abrir el expediente en septiembre de 2010 y ha tardado casi tres años en dar la razón a la compañía en todos sus tíérminos.
“El plan español de 260 millones (…) es incompatible con las normas de la UE sobre ayudas estatales. La medida favorece a la tecnología digital terrestre en detrimento de otras. Los operadores de plataformas terrestres han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores que recurren a otras tecnologías, por lo que deberán reembolsarla al contribuyente españolâ€, apunta el documento. El Gobierno español tambiíén se lleva un severo rapapolvo por su decisión de ir por libre en esta materia. “España no notificó ese proyecto a la Comisiónâ€, reprocha la nota de Bruselas, que recuerda que no sólo se ha discriminado al satíélite, sino tambiíén a tecnologías como el cable o internet.
El responsable de Astra en España, Luis Sahún, mostraba ayer un perfil conciliador tras conocer la decisión del Ejecutivo comunitario. “Nunca hemos querido ser un problema. De hecho, nuestra colaboración siempre ha estado -y está- ahí para ser parte de la solución. Sólo nos movilizamos porque creemos en el principio de neutralidad tecnológica bajo el que operamos en toda Europa. Y en España no se daban las condiciones para competir. Creemos que las empresas deben lograr los contratos en función de sus míéritos. Y que los procesos deben ejecutarse de la forma más eficiente posibleâ€, explicó en conversación con El Confidencial. Todo a la espera de que, más allá de la escueta nota publicada ayer por la Comisión, se haga público el grueso de la resolución.
¿Quiíén paga la fiesta?
El frente que se abre ahora no es despreciable, en tanto aquellos 260 millones ya se han evaporado. De hecho, el dinero siguió una ruta perfectamente definida: del Estado pasó a las comunidades autónomas y estas pusieron en marcha concursos en los que se confiaban a la vía terrestre para ampliar la señal televisiva. Más allá de las licitaciones que cayeron en manos de operadores de red locales en cada región, Abertis se hizo con la parte más importante de ese proceso. La información publicada ayer por la Comisión deja claro que deberán ser “los operadores de plataformas de televisión digital terrestre en España†quienes devuelvan los fondos, lo que apunta directamente a la firma catalana.
No obstante, fuentes del sector prefieren ampliar la fotografía: “Lo normal es que Comisión y Gobierno hablen y pacten, una vez se conozca la letra pequeña de la resoluciónâ€. Claro que el daño ya está hecho, con una red de TDT en marcha favorecida por la tardanza de Bruselas en pronunciarse. Está por ver cómo la decisión comunitaria abre la puerta a otras tecnologías en un mercado cerrado en el que los principales radiodifusores -Antena 3 y Mediaset- controlan la tarta de la TDT y no están dispuestos a abrirse a otras plataformas.
Además y por si fuera poco, el de ayer puede no ser el último varapalo que se sufra el Ejecutivo de Mariano Rajoy procedente de Bruselas antes del verano. No en vano, sobre la mesa de la Comisión está tambiíén el modelo de financiación de RTVE puesto en marcha por el PSOE, basado en un canon a las telecos y las cadenas privadas. El Gobierno ni siquiera descarta que haya que reintegrar a las compañías los fondos desembolsados hasta ahora para sufragar la televisión pública. La factura de las cosas mal hechas siempre llega. Y en el sector audiovisual no hay demasiados motivos para que populares y socialistas saquen pecho.
