El Gobierno ha decidido blindar a Repsol para poder obstaculizar operaciones hostiles en plena turbulencia en el accionariado de la primera petrolera española, ya que Pemex puede decantarse por vender parte de sus títulos o La Caixa puede reducir su presencia por los requisitos de solvencia de Basilea III.
Para ello, el Ejecutivo ha utilizado el texto de la Ley 3/2013 por la que se crea el regulador único, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde amplía los activos que se consideran estratíégicos e incluye en esta categoría al sector petrolero, algo que hasta ahora no se contemplaba, ya que tan sólo constaban las actividades reguladas de gas y electricidad.
Esta consideración es de gran relevancia porque el Gobierno podrá "establecer condiciones" a ofertas públicas de adquisición de acciones o a inversores hostiles y por tanto dificultar estos movimientos.
Será el Ministerio de Industria quien tenga la potestad de decidir sobre los movimientos corporativos que afecten a estos activos, con lo que deja sin efecto la Función 14 que hasta el momento ostentaba la Comisión Nacional de la Energía y que fue protagonista de primer orden durante el proceso de opas sobre Endesa.
En la disposición adicional novena de la ley que se refiere a la toma de participaciones en el sector energíético, se recoge que Industria podrá establecer condiciones y obligaciones si considerase que existe una amenaza real y suficientemente grave para la garantía de suministro de electricidad, gas e hidrocarburos.
En concreto, dentro del sector de hidrocarburos el Gobierno, ha calificado las refinerías de petróleo como activos estratíégicos, tras las fuertes inversiones realizadas en España para ampliar la capacidad de estas instalaciones y que han hecho posible que España pueda ser un exportador neto de diíésel.
Hasta la expropiación de YPF en abril del año pasado, la petrolera española disfrutaba de una acción de oro del Gobierno argentino, que en algunos casos fue utilizada como freno para el desembarco de compradores rusos y chinos. En los últimos meses se ha especulado de nuevo con el interíés de grandes petroleras estadounidenses.
Protección a CLH
En la consideración de activos estratíégicos el Gobierno tambiíén ha querido proteger a CLH, ya que incluye bajo este paraguas a los oleoductos y los almacenamientos de productos petrolíferos.
Cabe recordar que en más de una ocasión se han tenido que utilizar las reservas estratíégicas que almacena esta compañía, como en 2003 cuando se produjo el incendio de la refinería de Puertollano (Ciudad Real) y esta planta tuvo que estar parada seis meses.
La Ley sobre el regulador único, que entró en vigor a principios de mes, tambiíén deja claro que las condiciones que se impongan a nuevos inversores (previo informe de la CNMC) "respetarán el principio de proporcionalidad y de protección del interíés general".
Bruselas ha obligado a los Estado miembros a acabar con medidas proteccionistas. En este sentido, España suprimió la golden share en 2006, un ríégimen de autorización administrativa previa a la realización de ciertas operaciones.
El Gobierno cumplía así con la Sentencia del Tribunal de Justicia que declaró la norma incompatible con el derecho comunitario.
Bruselas mira con recelo
En su defecto se ha usado la Función 14 a travíés de la Comisión Nacional de la Energía, pero ahora el Gobierno aboga por un mayor control, algo que podría llegar a rebatir la Comisión Europea.
Y es que Bruselas ya ha pronunciado en varias ocasiones la posibilidad de que la extinta Función 14 afecte a la libre circulación de capitales y el libre establecimiento de empresas dentro de la Unión Europea (UE) e incluso envió una carta de emplazamiento al Gobierno pidiíéndole explicaciones al respecto.
Por ello, el Ejecutivo ya suavizó esta norma en 2011 despuíés de que el Tribunal de Luxemburgo condenara a España por extralimitarse en su uso para frenar a E.ON durante el proceso de opas sobre Endesa.
El Gobierno español siempre ha justificado que la Función 14 sólo tenía que ver con criterios de seguridad pública que se acogen a los principios comunitarios.
Respecto que se mantenga este mecanismo e incluso se endurezca en el marco del regulador único, el ministro de Industria, Josíé Manuel Soria, ha considerado que "no es una cuestión intervencionista", al tiempo que ha recordado que otros países de la Unión Europea no han derogado mecanismos similares, donde destacan las protecciones que ejercen Alemania, Francia e Italia sobre sus empresas
