Por... BEATRIZ DE MAJO C.
Con algo de ligereza y con mucho de secretismo se ha estado manejando en Nicaragua lo relativo a la obra de infraestructura más grande de este siglo en toda Centroamíérica: el canal destinado a juntar las aguas del Atlántico a travíés del Mar Caribe, y del Pacífico. La cifra de 40.000 millones de dólares de inversión que se ha manejado noticiósamente puede ser o no cierta, pero cualquier cifra que ronde tales números debe quitarle el sueño a cualquier gobierno con tentación de emprenderla.
No así al nicaragí¼ense.
No hay mucho que explicar a terceros cuando la realización de tal proyecto se justifica en sí mismo: Panamá es insuficiente para atender el tráfico que se genera hacia Asia. Estamos hablando del 5 % del comercio marítimo mundial.
Lo que ello no valida es la forma apresurada y superficial de comprometer al país. Daniel Ortega ha visto en este emprendimiento un instrumento populista que pretende convencer a la nación de que esta es la manera de generar un dinamismo sin igual a una economía que tiene pocos asideros para expandirse. Es cierto que si la obra se ejecutara, al canal propiamente dicho se le sumarían otro conjunto importante de obras conexas susceptibles de aportar puestos de trabajo, negocios de todo tipo y valor agregado al país. Hablamos de vías fíérreas, puertos de embarque y desembarque en los dos mares, ferrocarriles, operaciones aduaneras y toda una miríada de beneficios que pudieran duplicar el PIB nicaragí¼ense para 2018, según el cálculo oficial.
El hecho de que sea Hong Kong quien estíé detrás del canal transoceánico está siendo utilizado para otorgarle credibilidad y validez al proyecto, pero es bueno resaltar que el gobierno de Beijing no le ha dado soporte alguno a este proyecto. Más aun, lo apropiado es tener presente que China no apoya proyectos sino de países que no tienen relaciones con Taiwán, y Nicaragua es de los pocos que no renuncia a su vieja relación con ese país.
Por otro lado, la transparencia de este negocio deja mucho que desear, comenzando por la propia empresa promotora y concesionaria, de origen dudoso y de experiencia sospechosa. El proyecto se ha llenado de detractores y no son solo los ambientalistas los que tienen una legítima palabra por decir.
Los motivos van desde el rechazo a la falta de consenso nacional para un proyecto que comprometerá por un siglo a la nación, hasta dudas sobre la real capacidad de HKND Group de llevarlo a buen fin. La capacidad confiscatoria que tendrá el contratista con la cual podrá expropiar bienes aledaños a la obra sin que aun su trazado haya sido informado es otro de los graves escollos.
El acuerdo marco está ya en el Congreso y para el momento en que se publique esta nota es posible que ya haya recibido el visto bueno de rigor y que los nicaragí¼enses se hayan amarrado ya por 50 años -más cincuenta de prórroga- con quien pudiera no garantizar un buen resultado para el país.
Visto con ojos nicaragí¼enses, el atractivo que la obra comportaría para la economía domíéstica es un imán, además de no tener parangón posible.
Y es así tanto para el sector privado que irresponsablemente se frota las manos, como para los políticos, con ansias de apegos populares y de perpetuación en el poder
Suerte en sus vidas y en sus inversiones…
