Por... Ernesto Carmona
“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie†(GT Lampedusa, El Gatopardo, editorial Feltrinelli 1958).
Los sectores empresariales más lúcidos formulan hoy lo que parece una insólita critica a la generosa política tributaria sobre el cobre implantada por los últimos gobiernos “democráticos†chilenos. La baja tributación que grava a la gran minería cuprera enriqueció al grupo local Luksic (fortuna de 14.400 millones de dólares, según Forbes 2013) y a grandes transnacionales como Anglo American, Barrick y otras, mientras crece la demanda de nacionalización levantada por los estudiantes, compartida por la mayoría de la sociedad chilena y casi todos los candidatos presidenciales que abogan por mejores condiciones de vida para el grueso de la población, principalmente en salud, educación, previsión social, salarios dignos, etcíétera.
El Diario Financiero difundió hoy que en 2012 Chile percibió 2,49 mil millones de dólares menos que en 2011 por tributación de la gran minería transnacional del cobre, según cifras de la institución oficial denominada Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), mientras un análisis de la consultora internacional GMP Securities, reseñado en el mismo periódico empresarial, concluye que este país “tiene el ríégimen fiscal menos exigente del mundo para las grandes (compañías) mineras de cobreâ€.
En 2011, las transnacionales del cobre tributaron 2.494,4 millones de dólares más que los 8.358,5 millones recaudados por el Estado en 2012. Este 23% menos de tributación atañe a todos los gravámenes al sector minero, incluido el impuesto sobre la renta que pagan todas las empresas de cualquier naturaleza que en este país declaran ganancias. Las mineras pagan un impuesto sobre la renta de 28% y un denominado “royalty†minero, de reciente data, que varía del 5% al 14% del margen que deja la explotación. El “royalty†es la única compensación al país por la depredación del recurso natural no renovable.
La consultora internacional GMP Securities, que goza de cierto prestigio en el mundo empresarial, afirmó que Chile “podría implementar fácilmente impuestos más onerosos para las minerasâ€. El país que tiene la producción de cobre más alta del mundo, percibe sólo el 28% de los beneficios brutos de las grandes mineras cupríferas, en comparación con el 51% de beneficios que pagan al Estado las mineras en Polonia, el 46% en Arizona, EEUU, y el 39% en Perú. “Chile tiene el ríégimen fiscal menos exigente del mundo para las grandes mineras de cobre y podría implementar fácilmente impuestos más onerosos para las minerasâ€, dijo Matthew Fernley, principal analista de minería de GMP.
“Si los precios del cobre comienzan a aumentar, creo que Chile estaría sin dudas en condiciones de implantar un impuesto a las sobre-ganancias de las minerasâ€, añadió Fernley. Indicó que, en comparación a otros países mineros, Chile “está dejando mucho dinero sobre la mesaâ€. Naciones que recientemente emergieron como productoras de cobre son todavía más estrictas en sus gravámenes a la gran minería cuprífera, como Mongolia y Kazajstán, que perciben, respectivamente, hasta 71% y 44% de los beneficios brutos de las cupreras, dijo el informe GMP.
Mientras Chile está sumergido en una profunda incertidumbre política tras el fracaso de 40 años del modelo neoliberal –y justo ayer la derecha gobernante perdió a su candidato presidencial UDI Pablo Longueira, por estar enfermo de “depresión endógenaâ€-, todos los sectores políticos que han gobernado este país, y sus mandantes del gran capital, están coincidiendo con el cíélebre novelista italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957), autor de El Gatopardo: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambieâ€. Allende ya había nacionalizado el cobre en julio de 1971, pero fue desnacionalizado por la dictadura militar y las administraciones “democráticas†completaron la tarea. Podría hacerse una pregunta un tanto ingenua: ¿no sería un poco tarde para estos cambios gatopardianos? En apariencia, la gente pide ahora algo más que un maquillaje cosmíético del sistema político y económico creado por la dictadura en 1973 y administrado desde 1990 por la clase política civil.
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