Tormenta en JP Morgan por ocultar píérdidas
Ben Laurance-Londres
A medida que se hacía patente la enormidad de las píérdidas a su cargo, su ataque de pánico escaló. Bruno Iksil, el agente apodado la ballena de Londres, cuyas apuestas astronómicas costarían al banco de inversiones americano JP Morgan más de 6.000 millones de dólares (unos 4.500 millones de euros al cambio actual), escribió a un colega: "no puedo seguir con esto". Y por telíéfono añadió: "No se puede hacer nada? Esto no tiene arreglo".
Tenía razón. Era marzo de 2012 e Iksil y su equipo de Londres estaban a cargo de una cartera de contratos de derivados (principalmente apuestas sobre la solvencia de empresas) con un valor nominal de más de 150.000 millones de dólares que se habían venido abajo.
En cuestión de días, Iksil dejó de operar. En un principio, JP Morgan trató de acallar los rumores de agujero negro, pero seis semanas despuíés de las llamadas de pánico de Iksil, el jefe del banco, Jamie Dimon, reconoció que se habían producido algunas píérdidas, aunque por la ínfima cantidad de 2.000 millones de dólares (1.507 millones de euros al cambio actual). Despachó altaneramente el asunto como una " tormenta en un vaso de agua".
La tomenta en el vaso
Ahora, JP Morgan ha descubierto que la tormenta era un pelín más grande. Las píérdidas no fueron de 2.000 millones de dólares sino que el precio de deshacer las operaciones de Iksil y sus colegas ha alcanzado los 6.200 millones. Dimon no ha tenido más remedio que pedir perdón. El banco ha sido objeto de un informe muy duro de un comitíé del Senado estadounidense, que acusa a Dimon de mentir y al banco de conspirar para ocultar el agujero financiero (el año pasado, el sueldo de Dimon se recortó a la mitad, a 11,5 millones de dólares).
Por encima de todo, el caso de Iksil -un hombre cuyo optimismo excesivo le valió los apodos de cavernícola y Voldemort- ha resultado ser mucho más que la habitual historia del agente granuja y solitario cuyo desmesurado ego y temeridad consiguen cavar un hoyo en las finanzas de su empresa. Iksil no era más que una pieza en un mecanismo que no sólo apostaba mal sino que mantenía un registro meticuloso de lo mal que estaban saliendo las apuestas y se esforzaba por ocultar la magnitud de las píérdidas. Cada vez parece más claro que Iksil (un francíés que cobró 6,8 millones de dólares en 2011, la última vez que se le pudo ver de agente estelar) no va a ser procesado. Ha estado colaborando con los investigadores del Ministerio de Justicia de EEUU y el SEC, y se le ha entrevistado tanto en Bruselas como en Nueva York.
Manipular las cuentas
Sus compañeros podrían no correr la misma suerte. Se cree que altos funcionarios estadounidenses están pensando detener a dos personas que trabajaron con Iksil y participaron en el caso. La Fiscalía de EEUU en Manhattan ha llevado a cabo una investigación penal sobre las operaciones en el centro del escándalo. Por lo visto, a las autoridades les preocupa menos por quíé se agriaron tanto las operaciones y se han centrado en los intentos de ocultar la magnitud de las píérdidas que estaba acumulando el banco.
La Fiscalía de Nueva York y Washington tenían dos sospechosos más a los que no han tardado en acusar formalmente y echar sobre sus hombros todo el peso de la maltrecha operación, creando un cordón sanitario que parece alejar de la sombra de la sospecha y la responsabilidad a los primeros espada de la banco internacional de inversión. El primero es el español Javier Martín Artajo, quien supervisó la desastrosa estrategia operativa y cobró once millones de dólares en 2011 (unos 8,2 millones de euros al cambio actual). El segundo es Julien Grout, que trabajaba de agente subalterno y a quien Iksil dirigió su confesión desesperada mientras aumentaban las píérdidas ("esto no tiene arreglo"). EEUU ya ha acusado formalmente a Martín Artajo y Grout por lo que lo más posible es que se inicie un largo proceso de extradición, ya que ambos residen en Gran Bretaña, aunque actualmente se encuentran de vacaciones fuera de Londres. En este punto, el fiscal Preet Bharara confió en que los dos exempleados de la entidad bancaria JP Morgan Chase Martín-Artajos y Grout se entregarán voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, aunque no descartó iniciar un proceso de extradición en caso contrario.
El informe del Senado concluye que en los primeros meses del año pasado, Iksil se enfrentó a la presión creciente de su superior, Martín Artajo. Al francíés se le pedía que registrara unas cifras por el valor de su cartera que favorecieran su valor real. En lugar de utilizar el precio "de mercado medio" de los contratos (un promedio de los precios a los que pueden comprarse o venderse), aplicó el precio más optimista que pudo encontrar. En sólo cinco días, a finales de marzo del año pasado, la política de distorsión de los precios logró cubrir la asombrosa cantidad de 432 millones de dólares de píérdidas.
La desesperación de Iksil era cada vez más obvia en los correos que enviaba a Grout. "No puedo seguir con esto", escribió, refiriíéndose al ajuste de precios que supuestamente le solicitaba Martín Artajo. El cambio habría situado el valor de la cartera 400 millones de dólares por encima de los precios de mercado. "No síé cuándo quiere parar pero esto es desorbitado".
Mientras tanto, Grout mantenía una hoja de cálculo donde detallaba el volumen de las diferencias entre los precios publicados y su valor de mercado. Incluso despuíés de que se hiciese público el escándalo, JP Morgan defendió que el objetivo de la operación de Londres era limitar la exposición del banco al riesgo pero no ganar dinero en sí. Esa teoría queda descartada por el informe del comitíé del Senado. Su presidente, Carl Levin, lo definió como "una operación que acumulaba el riesgo, ignoraba los límites, ocultaba las píérdidas, esquivaba la supervisión y desinformaba al público". Un punto de vista que respalda el fiscal al asegurar que los acusados "sabían que estaban manipulando las cuentas" y criticó que sus supervisores dentro de JP Morgan no realizaran un trabajo "riguroso e independiente".
Un abogado de Martín Artajo, que no estaba disponible tras las últimas revelaciones, afirmó hace un año que su cliente "niega inequívocamente cualquier conducta indebida". En esta línea, el bufete londinense Norton Rose Fullbright, que lleva la defensa del ejecutivo español, aseguró en un comunicado que Artajo "confía en ser exonerado una vez concluya la investigación". A Grout no se le ha localizado.
El panorama de detenciones tras la tormenta refleja la determinación del Gobierno de EEUU de actuar con mano dura contra los acusados de irregularidades en Wall Street y el sector de los servicios financieros en general. Los dos ejecutivos de JP Morgan acusados se enfrentan a 65 años de prisión: cinco por conspiración y 20 por cada uno de los delitos de falsificación de los datos en los libros de cuentas, transferencias fraudulentas y emisión de comunicados falsos desde el banco a la Comisión de Valores Estadounidense (SEC).
Los jefes, exonerados
Ha habido quejas constantes de que sólo se haya demandado a un puñado de quienes amasaron fortunas privadas y participaron en las decisiones que dieron pie a la crisis financiera de 2007 y 2008.
Dimon ha recibido críticas muy duras por su gerencia de un banco en el que se podían incurrir amplias píérdidas y ser cubiertas. Se ha aferrado a su puesto al mando de JP Morgan. Por el contrario, Ina Drew, la directora de inversiones cuyas responsabilidades incluían la supervisión de la operación de Londres, dimitió nada más salir a la luz el escándalo. Aun así, se ha negado a reconocer su culpabilidad frente a las píérdidas e insistió en que se dejó engañar por sus empleados de Londres y que su supervisión había sido "razonable y diligente".
Cobró casi treinta millones de dólares entre 2010 y 2011, aunque parte de su sueldo se ha recuperado. No hay ninguna indicación de que vaya a enfrentarse a una acusación penal.
JP Morgan, sin embargo, se prepara para un proceso civil entablado por los organismos reguladores de ambos lados del Atlántico.
Se espera que la autoridad de conducta financiera británica imponga una multa al banco. En EEUU, la SEC persigue una confesión pública de conducta indebida de la mayor entidad del país, dando un giro considerable respecto a la práctica habitual. Por lo general, cuando la SEC llega a un acuerdo, el demandado no está obligado a admitir que haya obrado mal.
Al banco ya no le cabe esta tormenta en ningún vaso de agua.
Âé The Sunday Times
