Las empresas de telecomunicaciones que ganaron el concurso de la Generalitat han cumplido un año sin cobrar. Tras ingresar apenas 11 millones, ahora la deuda se eleva ya a 280 millones de euros, lo que ha generado el lógico malestar entre la Administración catalana y sus proveedores de alta tecnología, según explican fuentes del sector.
La novedad es relativa, pero demuestra cómo se ha agravado el problema. La Conselleria de Empresa y Empleo, que dirige Felip Puig y controla el área de telecomunicaciones, prometió en junio a los empresarios del sector que incluiría parte de la deuda acumulada en la partida que cubriría el Fondo para la Liquidez Autonómica (FLA).
Pero al final los fondos llegados de Madrid se han destinado a proveedores sociales más urgentes, por ejemplo, geriátricos o farmacias, y ya se ha comunicado a los empresarios de telecomunicaciones afectados que cobrarán de un segundo FLA a finales de año, pero sólo lo acumulado hasta el 30 de junio, es decir, un total de 260 millones.
T-Systems, Telefónica, Indra, Informática de El Corte Inglíés y Abertis, entre otros, ganaron en agosto de 2012 lo que se consideró entonces como el concurso del año en el sector de telecomunicaciones: los servicios de telefonía e informática de la Administración catalana por valor de más de 2.000 millones de euros. Pero pronto el gozo acabó en un pozo, porque los ganadores apenas cobraron y empezaron a acumular una deuda millonaria.
Pese a la situación de impago, todos los proveedores han mantenido sus servicios. Y la problemática refleja la dura crisis de tesorería que se vive en Cataluña con la Generalitat de los recortes. Tanto es así que entre las partes sólo se habla de calendario de pago, no de intereses de demora.
Situación absurda
Los mayores momentos de tensión se viven cuando la Generalitat intenta ejercer el papel de tutela de la subcontratación de las empresas ganadoras, tal y como reconocía el pliego del concurso. La idea era que, aunque los ganadores fuesen grandes compañías, una parte de la subcontratas que genera el negocio de esta concesión fuese a pymes catalanas para potenciar el sector teleco catalán.
El problema radica en que una Administración que no paga poca autoridad tiene a la hora de marcar pautas a los ganadores. Ha sido en estos encuentros, según diversas fuentes, en los que se ha explicitado este malestar por parte de las empresas.
Concesión a diez años
La principal novedad de este concurso fue la concesión a muy largo plazo. En lugar de los concursos a cuatro años habituales en el sector, la concesión se hizo a diez, con una fórmula para abaratar costes para la Generalitat. Los problemas de caja y el presupuesto prorrogado de la Generalitat no entraban en los planes de los ganadores del concurso, que ahora se han encontrado con un caramelo envenenado.
