Ocho Reales Decretos aprobados en solo un año con más de 8.600 millones de euros de inversión prevista es el balance actual del Gobierno en materia de planificación hidrológica. Una carrera que ya ha permitido sentar las bases para la explotación y recuperación de once cuencas hidrográficas pero que aún no ha terminado.
Faltan los planes de las demarcaciones del Ebro, el Júcar y del área geográfica de Ceuta y Melilla. Tres iniciativas que verán la luz en las próximas semanas tambiíén como Reales Decretos y que, sin duda, elevarán la cifra de inversión por encima de los 10.000 millones. No en vano, el Ministerio de Agricultura ya cuenta con el visto bueno del Consejo Nacional del Agua para elevar estas propuestas al Consejo de Ministros. Para el Tajo y Segura, por el contrario, aún habrá que esperar algo más.
Pero, ¿por quíé tanta prisa para aprobar todos estos planes hidrológicos? Muy sencillo. Si en 2015 España no cumple con los objetivos establecidos para esa fecha por la Directiva Marco del Agua (DMA), fijados por las propias administraciones nacionales a raíz de los análisis realizados en sus cuencas, nuestro país podría enfrentarse a importantes sanciones económicas. Y no está el horno para bollos.
