Nueve comunidades autónomas han tenido en los últimos dos años que pedir el rescate a la Administración central, es decir, lograr dinero prestado a precios más baratos para poder afrontar sus pagos cuando los mercados de financiación habituales les habían cerrado el grifo. La operación, instrumentada a travíés del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), se traducirá en un ahorro global de unos 7.000 millones de euros, según los cálculos del Tesoro Público, a razón de unos 1.000 millones anuales mientras dure el programa de financiación.
El FLA, creado por el Gobierno en los momentos más duros del mercado, cuando algunas autonomías apenas llegaban a fin de mes, se articula a travíés de títulos de deuda de unos cinco o seis años, de los cuales se han colocado 12.689 millones en 2012 y 17.709 millones en 2013. Los intereses equivalen a los que paga el Tesoro Público en las subastas más un diferencial de 30 puntos básicos (o 0,3 puntos porcentuales). Los Gobiernos autónomos que opten por financiarse mediante la venta de sus propios bonos en el mercado pueden llegar a pagar un diferencial de hasta 100 puntos básicos, que es ahora el máximo permitido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Este sobreprecio fue mucho mayor hace unos meses. Entre finales de 2012 y primeros de este año los inversores, muy reacios a prestar dineros a las comunidades autónomas en el año previo, se volvieron a interesar por invertir en deuda regional toda vez que se había aprobado un plan de rescate para estas, pero reclamaban altos intereses. Cataluña, por ejemplo, había pagado previamente hasta 314 puntos básicos por encima del Tesoro por unos bonos que vencían en 2020, con una rentabilidad del 4,95%. Y Madrid colocó en enero títulos a cinco años con un cupón del 5,75%, cuando el Tesoro pagaban unos 150 puntos básicos menos.
Entonces el Ejecutivo prohibió a las comunidades emitir bonos con más de 100 puntos básicos de diferencia respecto a lo que pagaba el Tesoro, ya que la alternativa del FLA se había creado precisamente para evitarlo. De ahí surge el ahorro de unos 7.000 millones. Buena parte de este corresponde a Cataluña, según los cálculos del Tesoro, ya que es tambiíén la que más financiación ha pedido al fondo de rescate (casi 15.000 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (casi 5.000). Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Asturias y Murcia pidieron el resto.
El Tesoro tambiíén ha sacado provecho de la relajación de los mercados y ha reducido ostensiblemente el interíés medio de la deuda emitida este año, En concreto, el año 2012 acabó con un interíés medio de emisión del 3,0,1% (3,4% si se excluye el efecto del príéstamo por el mecanismo europeo de rescate, el MEDE), mientras que, a fecha de agosto, el interíés medio de 2013 se sitúa en el 2,61%. Se trata del nivel más bajo desde 2010, cuando España gozaba de la máxima calificación crediticia que conceden las agencias de rating, la triple A.
La deuda pública española recibe menos presiones en el mercado, que ha rebajado la exigencia de rentabilidad para colocar su dinero en títulos españoles. En concreto, la prima de riesgo, que es el diferencial que interíés que se le piden a los bonos a 10 años con relación a los alemanes, que se consideran los más fiables, se ha reducido a prácticamente la mitad, de los 419 puntos básicos (o 4,19 puntos porcentuales) de hace un año, a los 235 puntos básicos en los que acabó el viernes. Así, la rentabilidad de los títulos ha encogido del 5,7% al 4,2%.
La deuda española ha recuperado inversores, en buena parte tambiíén por el programa de compra de bonos que el Banco Central Europeo (BCE) aprobó hace un año, sin necesidad de ejecutarlo, pero ha aumentado el peso de la demanda nacional frente a la extranjera. Para diversificar la cartera, el Tesoro tampoco descarta emitir más deuda en dólares o bonos ligados a la inflación.
En este contexto, el Tesoro prepara una gira con inversores en los próximos meses para sacar lustre a la salida de la recesión y las reformas estructurales en marcha y convencer a grandes inversores internacionales para que apuesten por España. En concreto, el órgano público viajará a Japón, Chile, Colombia y Perú con el fin de diversificar su base de inversores. El resultado de la visita será determinante para que se realicen nuevas emisiones sindicadas o se planteen llevar a cabo colocaciones de bonos de muy larga vigencia, hasta 50 años. Este tipo de inversión gusta a los grandes fondos. No le corre prisa: ha colocado ya el 80% de la deuda de largo plazo prevista para el conjunto del año.
