Si Mariano Rajoy creía que el fin del programa de rescate de la banca española iba a suponer la desaparición de los hombres de negro, puede ir cambiando de idea. En primer lugar, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reunirán el próximo 15 de noviembre para decidir si España necesita «medidas de acompañamiento» cuando el programa finalice en enero. Que el programa acabe quiere decir que los 60.000 millones de euros que España no ha usado de la línea de críédito del rescate dejarán de estar disponibles. Y por «medidas de acompañamiento» se entiende crear una red de seguridad que permita a España disponer de fondos en caso de que surgieran imprevistos. Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos de la UE, dijo la semana pasada que España tiene una «gran oportunidad» para cerrar el programa sin esas medidas de acompañamiento, pero fuentes comunitarias que conocen de primera mano la situación de las entidades bancarias españolas creen que es muy pronto para asegurar tal cosa, e instan a esperar a que finalicen las misiones de la troika (Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional). Sin embargo, aunque finalmente el Eurogrupo decida cerrar el programa de rescate sin medidas de acompañamiento, España entrará en la fase denominada Supervisión Post Programa, que estará en vigor al menos hasta que haya devuelto el 75% de la ayuda recibida (30.999 millones de los 41.333 que solicitó). Esto supondrá la visita semestral de los hombres de negro de la Comisión Europea y del BCE, por lo que solo se libraría de los tíécnicos del Fondo Monetario Internacional. Eso sí, reduciría la frecuencia de las visitas, que de cuatro al año pasarían a dos. Tutela europea: pruebas de resistencia y control de gastos Según el reglamento que detalla esta etapa, «la Comisión realizará, en colaboración con el BCE, misiones regulares de revisión […] para analizar su situación económica, fiscal y financiera», cuyas conclusiones deberán ser comunicadas cada seis meses al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Parlamento nacional. Además, señala que estas misiones deberán analizar «si son necesarias medidas correctoras». La supervisión abarcará tanto la salud económica del país como la de su sistema financiero. De este modo, el reglamento obliga al Gobierno a informar del impacto económico de sus políticas. «El Estado miembro informará periódicamente a la Comisión y al Comitíé Económico y Financiero de la ejecución presupuestaria a lo largo del ejercicio, de los efectos presupuestarios de las medidas discrecionales tomadas tanto en materia de gastos como de ingresos», asegura el Reglamento 473/2013 de la UE. En cuanto a la monitorización del sistema financiero, el otro reglamento comunitario a aplicar (472/2013) obliga a España a «comunicar al BCE con la frecuencia requerida información desagregada relativa a la evolución de su sistema financiero» y a realizar las pruebas de resistencia que hagan falta. Según esta normativa, el Estado que se encuentre en la fase post programa deberá «realizar, bajo la supervisión del BCE […] las pruebas de resistencia o los análisis de sensibilidad que sean necesarios para evaluar la capacidad de recuperación del sector financiero frente a diversas perturbaciones macroeconómicas y financieras».
