En el primer semestre, los pagos generalizados fueron de 201,5 millones de euros, un 8% más que en el año 2007
La llegada de la crisis ha provocado la liquidación e insolvencia de muchas empresas, incapaces de saldar las deudas con los trabajadores y acreedores. Aunque el Estatuto de los Trabajadores y la legislación vigente contemplan el privilegio laboral (es decir, ante la liquidación de una empresa en quiebra priman los pagos a los empleados), el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se está empleando a fondo para resolver las indemnizaciones ante la extinción de contratos que no pueden ser sufragados por el contratante como consecuencia de las quiebras e insolvencias tíécnicas.
En los seis primeros meses de este año, el organismo ha ejecutado pagos por valor de 201,5 millones de euros debido a la falta de liquidez de 15.334 organizaciones para cubrir económicamente los pagos indemnizatorios correspondientes a las bajas de casi 40.000 empleados. En concreto, la cifra asciende a 39.341 trabajadores, 3.000 más que el año pasado.
Si de enero a junio de 2007 la cuantía total de las liquidaciones sufragadas con el fondo público de Fogasa era de 186 millones de euros, hasta el sexto mes de este año la cifra se había disparado un 8,3% con previsión de seguir aumentando, a juzgar por las expectativas económicas que los responsables ministeriales manejan hasta finales de 2009. Por el momento, el número de empresas aquejadas por insolvencia del empleador han aumentado el 10,2%, siendo las pequeñas las más afectadas con el 84,6% de los trabajadores –33.291– implicados en tales procesos.
Al tener la mayoría de estas empresas menos de 25 trabajadores, Fogasa contempla el pago del 40% de la indemnización legal "a fondo perdido", entendiendo por ello que no existe expectativa alguna de recuperarlo.
El cierre del ejercicio de 2007 ya registró una evolución muy negativa: los pagos se incrementaron un 22% respecto al año anterior, especialmente en autonomías como la Comunidad Valenciana, una de las receptoras principales por la desaceleración de la construcción y la quiebra de empresas subsidia
