El juez del caso Malaya ha condenado a Juan Antonio Roca, cerebro de la trama de corrupción que asoló el ayuntamiento de Marbella, a 11 años de prisión y a una multa de 240 millones de euros. El Tribunal considera probado que Roca, que se enfrentaba a una petición fiscal de 30 años de prisión, ha cometido los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto, según la sentencia que se ha dado hoy a conocer. Sin embargo, su mujer y su hija han sido absueltas.
Roca no ha sido el único encausado en este macroproceso, con una sentencia de más de 5.000 folios. Otros acusados mediáticos como Julián Muñoz, Marisol Yagí¼e, Isabel García Marcos o Rafael Gómez 'Sandokan tambiíén han sido inculpados por el Tribunal. Así, Muñoz ha sido condenado a 2 años de cárcel y 16 de inhabilitación por los delitos de fraude y prevaricación. Sin embargo, la Fiscalía pedía para el exnovio de Isabel Pantoja una pena de diez años.
Por otro lado, la exalcadesa de Marbella, Marisol Yagí¼e, ha sido condenada a 6 años de prisión -la Fiscalía pedía 16 años- por malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de concursos. El juez tambiíén le ha impuesto una multa de dos millones de euros. Tampoco se ha librado de la cárcel la exteniente de alcalde de la ciudad Isabel García Marcos. El Tribunal la ha condenado a cuatro años por los delitos de cohecho pasivo y alteración de precios de concursos y a pagar una multa de 700.000 euros.
Rebajas y absoluciones para empresarios
Los principales empresarios procesados han sido condenados a penas que suponen importantes rebajas repecto a la petición del fiscal. En algunos casos, incluso han sido absueltos de los delitos que se les imputaba. Los empresarios Carlos Sánchez y Andríés Liíétor, que se enfrentaban a sendas peticiones fiscales de 22 años de cárcel y multas de 23 millones de euros, han sido finalmente condenados a 6 años, 3 meses y 1 día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno de ellos.
Al promotor granadino Josíé ívila Rojas, que ya se encuentra en prisión por otra causa judicial, se le ha impuesto una pena de 3 años y 8 meses de prisión y una multa de 11,5 millones de euros, condena que dista de los 10 años de cárcel y 55 millones de euros que solicitaba la Fiscalía en sus conclusiones definitivas. Por su parte, el constructor cordobíés Rafael Gómez Sánchez, conocido como 'Sandokán', ha sido condenado a seis meses de cárcel, mientras que los empresarios Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya han sido absueltos de todos los delitos que se les imputaban.
La sentencia tambiíén ha supuesto una sustancial rebaja de penas para los directivos de la promotora Aifos Jesús Ruis Casado, Jenaro Briales y Francisco García Lebrón -que afrontaban peticiones fiscales de 7 años de prisión y multas de 8 millones-, que han sido condenados a 3 años de cárcel y una multa de 2,2 millones cada uno por los delitos de cohecho para acto injusto y fraude. Además, el Tribunal ha impuesto una pena de ocho meses de prisión al expresidente Sevilla FC Josíé María González de Caldas por un delito de cohecho, frente a los 2 años solicitados por el ministerio público.
Saludos en la sala
Los 86 acusados habían ido llenando la sala. Quienes se han mostrado más efusivos a la hora de verse han sido Juan Antonio Roca, Julián Muñoz y ívila Rojas: los tres han sido trasladados desde la cárcel y los tres se han sentado juntos en primera fila la espera de la sentencia. Tambiíén Marisol Yagí¼e ha sido bien expresiva al verlos, abrazándoles y besándoles.
La ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Isabel García Marcos, ha llegado a las 10.20 horas a la Audiencia Provincial. Cinco minutos antes había llegado el empresario y político cordobíés Rafael Gómez 'Sandokan', tambiíén acusado, y que ha seguido proclamando su inocencia.
Tambiíén ha entrado en los juzgados malagueños el empresario Tomás Olivo. Además, en las puertas de la Ciudad de la Justicia se ha concentrado un grupo de procuradores de Málaga en protesta por la Ley de Servicios Profesionales.
