Las compañías integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Eon España) no salen de su asombro: el superávit de tarifa de 16 millones de euros que figura en la orden de peajes de agosto (equivalente al cuadro macro de la tarifa elíéctrica) se ha convertido por arte de magia en un agujero de entre 2.500 y 3.000 millones para este año. Esta es la cifra que, sin desvelar su procedencia, repite una y otra vez el ministro de Industria, Josíé Manuel Soria.
Según el consenso, esta desviación solo se explica por la negativa del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, a aportar buena parte del dinero comprometido dentro del marco de la reforma elíéctrica, que Industria y Economía han vendido como un triunfo en los mercados financieros. Y si la explicación es esta, las elíéctricas calculan que el díéficit de este año no será el que el ministro canario repite, sino que superará con creces los 4.000 millones de euros.
Este importe, según el sector, resulta del incremento de las primas de las renovables en más de mil millones [desviación ya incluida en los peajes de agosto]; de la caída de los ingresos por el derrumbe de la demanda; de la menor recaudación por los impuestos energíéticos y las subastas de CO2; de la negativa de Hacienda a aportar todos los sobrecostes extrapeninsulares (solo pagará la mitad) y el críédito extraordinario de 2.200 millones para el sistema que aprobó el jueves el Senado
Las elíéctricas califican la situación de suma gravedad, pues, según el proyecto de la nueva Ley del Sector Elíéctrico que el Gobierno remitió hace un par de semanas a las Cortes, el díéficit que se produzca este año será financiado por los grupos elíéctricos verticalmente integrados (ellas mismas), a 15 años y a precios de mercado (ahora el 2%) y sin que pueda titulizarse.
Esta medida había encendido todas las alarmas entre las empresas, que con toda la artillería dispuesta para presionar al Gobierno (ya lo han hecho en Bruselas), han visto cómo este ha reculado a la primera. El ministro de Industria se desdijo de sus recientes declaraciones el viernes, al asegurar tras el Consejo de Ministros, que el díéficit de este año se podrá titulizar. Para ello se extenderá a este año el fondo para la emisión de la deuda elíéctrica con el aval del Estado (FADE) y las elíéctricas no tendrán que soportarlo en sus balances. De nuevo, asombradas, aunque en este caso para bien, las empresas le han tomado la palabra.
El Gobierno enmienda un texto legal que hace apenas unos días había remitido al Parlamento. La Ley Elíéctrica de 1997 aún en vigor establece que los “desajustes temporales†de la tarifa serán financiados por las cinco grandes y los recuperarán en el ejercicio siguiente con subidas del recibo. De tratarse de díéficit reconocidos ex ante, y solo hasta 2012, se podían colocar a travíés del FADE.
La nueva ley en trámite fija partir de 2014 un sistema de autorregulación de los díéficit que se produzcan (si supera el 2% de los ingresos previstos, subirán automáticamente los peajes), que serán financiados por todas las empresas reguladas (incluidas, por tanto, las renovables).
Montoro ahorrará tres díécimas de díéficit público
Las serias dificultades del Ministerio de Hacienda para cuadrar el díéficit público están detrás de la resistencia de su titular, Cristóbal Montoro, a pagar todo el desfase de la tarifa elíéctrica de este año. La vía más fácil y legal, aunque muy criticable, es la de hurtar al sistema elíéctrico el críédito extraordinario que a principios de año decidió otorgar a Industria para sufragar costes de las renovables “hasta un máximo†de 2.200 millones, lo cual ha requerido de la tramitación de una ley en el Parlamento, a punto de concluir.
Si, como muchos prevíén, el díéficit público se va este año al 8%, los 2.200 millones supondrían casi tres díécimas del mismo y, como la ley se lo permite, Hacienda puede pagar lo que quisiera por debajo de esa cantidad. En este punto, el Gobierno está en la encrucijada de optar o entre más díéficit público, que obligaría quizá a una subida de impuestos, o más díéficit de tarifa, que implicaría un aumento de los peajes. Esta elección es la más fácil y menos comprometida, se puede camuflar (cada día es más complicado por no decir imposible comprobar cuánto sube realmente la luz) y se podía endosar directamente a las grandes elíéctricas sin poner en riesgo el aval del Estado.
Sin embargo, tras redoblar sus presiones, las de Unesa han logrado que el Gobierno (una vez más) rectifique en este último punto. Al fin y al cabo, se les había repetido y así figura en la orden de peajes de agosto (y en el texto de la nueva ley) que este año habría un superávit. La rectificación demuestra que el díéficit se disparará, que Hacienda no pagará y que el mecanismo infernal vuelve a activarse: que serán de nuevo los consumidores los que paguen los desfases a 15 años y con un alto tipo de interíés.
.Temor a caer en el bono basura
Entre las cinco grandes elíéctricas, muy especialmente Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa, acumulan un endeudamiento superior a los 60.000 millones. Además, mantienen aún en sus balances derechos de cobro por la deuda elíéctrica de 4.000 millones de euros. Aunque están sin titulizar, tienen derecho a cederlos al FADE para su emisión con el aval del Estado.
La decisión del Gobierno de que tendrían que asumir una nueva deuda –3.000 millones, según el Gobierno, o más de 4.000 millones, según ellas mismas procedentes, en buena parte, del díéficit de tarifa que Hacienda no quiere sufragar– sería en este caso, sin anestesia, pues no tendrían la posibilidad de titulizarlo. Esto supondría cargar contra sus balances el voluminoso díéficit de este año y los que surjan a partir del que viene (aunque estos con limitaciones) las abocaba “al bono basura†(ya están en el escalón previo en su rating).
Pero el profundo malestar por la reforma elíéctrica, que consideran abiertamente un fracaso, no se limita al díéficit. Las grandes rechazan el modelo de retribución de la distribución, con el que no recuperan el capital; consideran insuficiente la propuesta de hibernación de los ciclos combinados y que Hacienda no cumpla sus compromisos de financiar todos los extracostes de los sistemas extrapeninsulares. En este sentido, las de Unesa se muestran muy críticas con las prebendas que Industria otorga a REE, como la autorización para realizar 16 nuevas interconexiones insulares con un coste de 3.200 millones para el sistema.
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