La Comisión Europea investiga a Abengoa por su posible participación en acuerdos anticompetitivos o actuaciones supuestamente dirigidas a manipular los resultados del cálculo de índices de precios de referencia de combustibles (el Market on Close, MOC, elaborado por la firma Platts), así como por impedir el acceso de otras compañías al proceso de cálculo de precios.
“De acuerdo con la decisión de la Comisión Europea, la conducta anticompetitiva investigada, lo sacuerdos o las acciones coordinadas han existido supuestamente desde 2002 y afectarían a varios mercados para los que el proceso MOC se usa para informar sobre precios, incluyendo los mercados de biocombustiblesâ€, según ha informado la empresa española en el folleto de la ampliación de capital de unos 400 millones de euros que la compañía ha registrado ante la Comisión del Mercado de Valores de EE UU (la SEC, por sus siglas en inglíés).
La empresa entiende que la investigación se halla en una fase preliminar y que aún no hay acusación formal. Los directivos creen que Abengoa ha cumplido las leyes de competencia y aseguran que están cooperando con la Comisión Europea en la investigación, pero admite el riesgo de recibir una multa del departamento de Competencia, al frente del cual está Joaquín Almunia.
La Comisión Europea informó en mayo pasado que había realizado registros en varias empresas ante las sospechas de que hubieran alcanzado un pacto ilícito para trasladar precios distorsionados con el fin de manipular los precios publicados para varios carburantes y biocarburantes. La propia firma Platts, BP, Shell y Statoil reconocieron estar sujetas a investigación.
“Incluso pequeñas distorsiones en los precios pueden tener un enorme impacto en los precios de compraventa del petróleo crudo, productos refinados del petróleo y biocarburantes, perjudicando a los consumidores finalesâ€, señaló entonces la Comisión.
Gana un arbitraje en Míéxico
En su folleto, la compañía tambiíén confirma que ha ganado el arbitraje contra Míéxico interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una de las cinco organizaciones que integran el Grupo del Banco Mundial, como adelantó EL PAíS.
Abengoa y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) demandaron a Míéxico por la imposibilidad de poner en marcha una planta de confinamiento de residuos del municipio de Zimapán, en el Estado de Hidalgo, violando el acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre Míéxico y España.
Abengoa señala que el laudo obliga a Míéxico a pagar a Abengoa 38,2 millones de dólares (unos 28 millones de euros) más intereses.
