El Gobierno no ha dicho su última palabra en el políémico proyecto Castor, almacíén de gas ahora parado por los movimientos sísmicos que arrancaron en septiembre. Al punto que el ministro de Industria, Josíé Manuel Soria, se revolvió hoy contra la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba la demanda del Estado para eliminar una cláusula en virtud de la cual los propietarios del Castor –la firma Escal UGS– tendrían derecho de compensación por reversión del proyecto.
El ministro aseguró que la cuestión está en manos de la Abogacía del Estado, pero que el fallo del Alto Tribunal deja un resquicio para que, si ha habido conductas dolosas o culposas que lleven al cierre del depósito de gas, no quepa indemnización alguna por el valor residual. Toda una declaración de intenciones respecto a que el Ejecutivo no quiere tirar la toalla. Como publicó El Confidencial, para llegar a ese punto es necesario resolver aspectos como la causa concreta que ha llevado al final de la concesión y el motivo de la conducta dolosa o negligente en cuestión, así como la gravedad o trascendencia de dicha conducta para la explotación y para las propias instalaciones que revierten al Estado.
El Gobierno tendrá en todo caso que demostrar la eventual negligencia y determinar si esta ha sido leve o grave, lo que tampoco se antoja factible si la concesionaria –firma controlada por ACS– demuestra que ha cumplido todos los procedimientos exigidos en el contrato de concesión. La posibilidad de que los estudios sísmicos no hayan sido los más adecuados tendrá poco valor para invertir la carga de la prueba si la empresa demuestra, como se supone, que disponía de todos los permisos oficiales hasta que el almacíén de gas fue paralizado a finales de septiembre.
El valor residual, en este caso y a falta de amortización alguna, equivale al importe de la inversión. En principio, y a la espera de lo que diga la auditoría tíécnica encargada por el Ministerio de Industria, la cifra vigente es de 1.700 millones de euros, de acuerdo con los datos aportados por el propio ministro Soria en el Congreso de los Diputados. La cláusula en cuestión no había sido hasta ahora habitual en las relaciones concesionales con el Estado, al menos en lo que se refiere al mercado energíético.
Un pozo sin fondo
En el sector tambiíén echan cuentas. Y es que Castor ha supuesto un autíéntico pozo sin fondo desde el punto de vista económico. Según las cuentas de la compañía gestora, el proyecto ya costaba 1.193,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, nada menos que un 89,54% por encima del coste inicial previsto. De ahí hasta los 1.700 millones finales. Todo un ejemplo emblemático de los modificados que han hecho de oro a las constructoras al calor de las vacas gordas. Un dinero que, si la Abogacía del Estado no lo remedia, parece que será sufragado por los usuarios del gas a travíés de la tarifa.
Proceso de instalación del proyecto castorComo explican fuentes del sector, Castor recibirá fondos anuales por diferentes vías. En primer lugar, como retribución financiera y por amortización de la inversión, se embolsará en torno a 180 millones de euros al año. Además, para pagar la operación/explotación del almacenamiento y sufragar el gas colchón, percibirá unos 70 millones adicionales. En total, 250 millones de euros por ejercicio. Unos fondos que, como costes del sistema, se incluyen en el recibo y deben compensarse vía ingresos para no incurrir en díéficit, un desequilibrio que ha terminado por colapsar el sistema elíéctrico y que empieza a tocar de lleno al gas.
¿Y si se para la instalación? “Se podrían ahorrar los 70 millones vinculados a la operación del depósitos, pero el resto habría que abonarlos. Si la compañía estaba ya inyectando el gas colchón es porque estaba operativa, de eso no hay dudaâ€, añaden estas fuentes. En efecto, el almacenamiento tiene acta de puesta en funcionamiento provisional desde el segundo semestre de 2012. Dicho de otro modo, el Gobierno –y los consumidores– sólo lograrían evitar el impacto de esa instalación en los recibos del gas si pudiera demostrarse que ha existido una negligencia grave en el proceso de puesta en marcha, lo que supone dar la vuelta a la sentencia del Supremo. En eso están.
