La garantía y tranquilidad que ofrecía tener una caja de seguridad en una entidad financiera ha volado por los aires. Al menos, para los contribuyentes que tienen deudas con la Agencia Tributaria. En una operación especial y que no tiene precedentes, 660 funcionarios han irrumpido a primera hora de esta mañana en 270 sucursales de un total de 24 entidades financieras. Ante el asombro de los empleados, los funcionarios de la Agencia Tributaria ordenaron acceder a las cajas de seguridad para iniciar el embargo de aquellas que pertenecen a contribuyentes morosos. Se precintaron 542 cajas de seguridad y la operación afectó a 551 deudores, entre particulares y empresas.
La operación se puso en marcha para garantizar el cobro de 319 millones de euros. Las cajas embargadas no han sido abiertas y permanecen precintadas a la espera de que sus propietarios – que en los próximos días recibirán una notificación de Hacienda– acceden a abrirlas delante de un funcionario. En caso de negarse, la Agencia Tributaria solicitará autorización judicial.
La operación lleva meses fraguándose. La Agencia Tributaria empezó a recabar información de titulares de contratos de servicios de cajas de seguridad con entidades financieras y seleccionó aquellos contribuyentes con elevadas deudas.
Las cajas de seguridad son utilizadas para guardar dinero en efectivo, joyas, valores o metales preciosos. Los contribuyentes afectados por el embargo deberán abonar sus deudas. En caso contrario, la Agencia Tributaria se quedará con el dinero en efectivo que encuentre dentro de las cajas y embargará el resto de bienes como joyas para una subasta posterior.
Ganancias patrimoniales no justificadas
Por otro lado, fuentes de Hacienda reconocen que es previsible que la apertura de las cajas de seguridad ponga al descubierto bienes que no corresponden con el nivel de renta declarada de los titulares de las cajas de seguridad. En estos casos, Hacienda procederá a regularizar la situación y atribuirá las rentas descubiertas como una ganancia patrimonial no justificada. Ello implica que el dinero y bienes aflorados tributarán al marginal del IRPF que puede alcanzar el 52% y en algunas comunidades, como Cataluña, el 56%. Además, se establecerán las correspondientes sanciones e intereses de demora. Si el fraude supera los 120.000 euros se considerará delito fiscal y se iniciará la vía penal.
Fuentes de la Agencia Tributaria señalan que se establecerán mecanismos de control para evitar que las cajas precintadas puedan ser abiertas por sus titulares o las entidades financieras.
El uso de embargos se ha intensificado en los últimos años. Por ejemplo, funcionarios de Hacienda entraron en el restaurante madrileño del cocinero Sergi Arola y embargaron la bodega. Estas operaciones mediáticas se articulan para hacer visible la labor de la Agencia Tributaria y atemorizar a los defraudadores
