La Comisión Europea ha propuesto este martes nuevas normas para regular las ayudas públicas nacionales a empresas en crisis cuya principal novedad es que obligan a los accionistas y a los inversores a contribuir de forma adecuada a los costes del rescate, tal y como ocurre ya con la banca.
Bruselas someterá ahora estas directrices a consulta pública hasta el 31 de diciembre para conocer la opinión de todas las partes interesadas. Una vez analizadas todas las contribuciones, el Ejecutivo comunitario prevíé aprobar de forma definitiva las normas durante el primer semestre de 2014.
La propuesta permitirá a los Estados miembros seguir concediendo ayudas al rescate a empresas con problemas por un periodo de seis meses. En el caso de las pymes, se permiten subvenciones para un plazo mayor, entre 12 y 18 meses, con un procedimiento simplificado.
No obstante, cualquier apoyo estará supeditado a tres condiciones. En primer lugar, la ayuda debe ir acompañada de un plan de reestructuración que restaure la viabilidad de la compañía y permita su supervivencia futura sin más ayudas.
En segundo lugar, la empresa y sus accionistas e inversores deberán contribuir al coste de la reestructuración a un nivel adecuado, con el fin de reducir la carga para los contribuyentes. Finalmente, Bruselas pide medidas para limitar las distorsiones de competencia.
Como novedad, el Ejecutivo comunitario introduce mejores filtros para vigilar que las subvenciones se concedan sólo en los casos realmente necesarios. Así, habrá que demostrar que la ayuda es imprescindible para evitar situaciones sociales difíciles, por ejemplo en zonas donde el paro es muy alto, y que conduce a mejores resultados que cualquier alternativa.
"Mantener artificialmente con vida empresas ineficaces es un desperdicio del dinero de los contribuyentes que distorsiona la competencia y obstaculiza el crecimiento económico", ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, en un comunicado.
