Por... Alberto Villarreal
La Organización Mundial del Comercio (OMC), las grandes potencias y los monopolios mediáticos presentaron la novena Conferencia Ministerial de Bali como un avance en pos de concluir la Ronda de Doha inaugurada en 2001. Eso no es sensato. Tras 12 años de negociaciones trabadas y de tono antidemocrático, no es justamente en el cumplimiento de la promesa de desarrollo para los países más pobres en lo que se ha avanzado.
Excepto pocas excepciones, los magros 'avances' favorecieron a las grandes potencias, sus empresas e intereses comerciales. El llamado 'paquete de Bali' era de por sí restringido frente al de Doha. Desde antes, pero de manera más decidida desde que asumió Roberto Azevíªdo como director general, las negociaciones se limitaron a tres aspectos: un acuerdo sobre facilitación del comercio, algunas medidas relativas a la llamada liberalización de la agricultura, y un paquete de medidas para los países menos adelantados.
El acuerdo sobre la facilitación del comercio, que era el que más interesaba a Estados Unidos y demás países desarrollados, fue el único acuerdo vinculante que arrojó la Conferencia Ministerial de Bali. Es un acuerdo costoso para la mayoría de los países en desarrollo, que deberán acondicionar su infraestructura y procedimientos aduaneros tan sólo para garantizar más fácil acceso y ganancias a las grandes empresas transnacionales.
A cambio de ese acuerdo vinculante, los países en desarrollo no obtuvieron nada, salvo la promesa reiterada de cumplir decisiones ya adoptadas en conferencias anteriores. Para los países menos adelantados, el Paquete de Bali incluía políticas ya acordadas hace casi una díécada pero que nunca se aplicaron. Finalmente se adoptó la decisión de concederles acceso al mercado libre de aranceles y de cupos, pero esa decisión no es en absoluto vinculante. Además, algo que fue denunciado por organizaciones civiles, a cambio se les obligó aceptar el acuerdo vinculante de facilitación del comercio. El trato especial y diferenciado que se les depararía a los países en desarrollo fue en realidad para los países desarrollados y sus empresas.
La eliminación de los subsidios al algodón, un viejo reclamo de algunos países pobres que lo producen, como Malí, Chad, Camerún y Burkina Faso, sigue sin implementarse. Estados Unidos se comprometió en 2005 a eliminar los enormes subsidios a sus cultivadores pero nunca cumplió su promesa. En Bali, en lugar de exigírsele el cumplimiento de ese compromiso, lo único que se decidió es que se emprendan "discusiones específicas".
Otro tanto ocurrió con los subsidios a la exportación. En la declaración ministerial de Hong Kong en 2005 se adoptó el compromiso de eliminar todos los subsidios a las exportaciones, a más tardar en 2013. A pesar de los esfuerzos vehementes de Argentina, secundada por otros países latinoamericanos, para que en Bali se cumpliera ese compromiso, lo único que se decidió es una nueva promesa retórica de que "la competencia de las exportaciones sigue siendo un asunto prioritario del programa de trabajo pos-Bali". Es decir, se mantiene la protección para las grandes empresas de los países desarrollados, mientras que a la mayoría de los pueblos del mundo se los sigue sometiendo a la 'libre competencia'.
El movimiento mundial de pequeños productores y trabajadores del campo La Vía Campesina y sus aliados creemos que los alimentos no deben ser tratados como mercancías, porque la alimentación es un derecho humano fundamental y una condición para la supervivencia. Además, la agricultura difiere sustancialmente de la producción industrial y no se le puede dar el mismo trato. Por eso la agricultura y la alimentación no deberían ser temas sobre los que decida una institución como la OMC, cuyo cometido es la apertura y liberalización de los mercados (del Tercer Mundo) a toda costa. En Bali, Estados Unidos y Europa consiguieron, una vez más, evitar que se discuta sobre los abultadísimos subsidios a sus agricultores. En cambio, el debate se centró en si era legal o no la modalidad de subsidio que los gobiernos de los países pobres pueden dar a sus agricultores, a saber, los programas de compras gubernamentales de alimentos a precios subsidiados para, a su vez, ofrecer alimentos a bajo costo a los sectores más pobres de la población.
Estados Unidos y otros países agroexportadores presionaron para que la Cláusula de Paz -que impide que terceros países demanden ante el órgano de solución de diferencias de la OMC a aquellos que, como India, tienen programas de subsidios indirectos- expirara en cuatro años. Mientras tanto, India y otros miembros del G33 luchaban por la legalidad de esos programas orientados a garantizar la seguridad alimentaria de su población más pobre. Al final, y a condición de aprobar el acuerdo sobre facilitación del comercio, lo único que India y sus aliados consiguieron fue que la Cláusula de Paz no expire antes de que se le haya encontrado una solución permanente a este asunto. Eso será motivo de negociaciones en los próximos cuatro años, pero las características de esa solución permanente son todavía completamente inciertas.
