Abertis Infraestructuras S.A. ha presentado una demanda por 86 millones de dólares por la expropiación de su filial Sabsa, que gestionaba los tres grandes aeropuertos de Bolivia, según un informe difundido hoy por la Procuraduría del Estado boliviano.
El informe detalla que cuatro consorcios, entre los que figura la española Abertis, pidieron formalmente en tribunales de arbitraje internacionales que Bolivia pague un total de 1.870 millones de dólares como indemnización por nacionalizaciones.
Esos consorcios son, además de la española, la petrolera anglo-argentina Pan American Energy (PAE) y Guaracachi America Inc y Rurelec, de inversores británicos y estadounidenses, cuyas filiales nacionalizó el presidente boliviano, Evo Morales
Una cuarta demanda corresponde al retiro de concesiones aplicado a la minera chilena Quiborax en 2004 por el entonces jefe de Estado Carlos Mesa (2003-2005).
Abertis presentó su demanda en la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI), tras la nacionalización de Sabsa en febrero pasado, según el informe.
Sabsa, filial de Abertis (90 %) y participada por Aena (10 %), gestionaba los tres grandes aeropuertos de Bolivia, pero fue nacionalizada por Morales con el argumento de que no cumplió sus compromisos de inversión en esas infraestructuras.
La demanda de indemnización más alta fue planteada por PAE ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por una suma de 1.496 millones de dólares debido a la nacionalización en 2009 del 50 % que poseía en la empresa petrolera Chaco.
No obstante, según el informe de la Procuraduría, en las últimas reuniones con los ejecutivos de PAE se acordó suspender el arbitraje por seis meses para buscar un acuerdo.
Pese a esa nacionalización, PAE tiene otras inversiones en Bolivia en sociedad con la española Repsol y la británica BG, que en conjunto han desarrollado el campo de gas Margarita, situado en el sur boliviano y uno de los proyectos energíéticos más importantes del país.
En su momento, Morales hizo notar como una contradicción que la empresa demande un monto millonario al Estado como indemnización, pero a la vez siga siendo socia en un proyecto energíético clave.
Según el informe de la Procuraduría, Bolivia tiene un plazo hasta el 14 de marzo de 2014 para responder formalmente a la demanda y en diciembre del mismo año debe asistir a una primera audiencia.
Sobre la expropiación en 2012 de las filiales bolivianas de las españolas Iberdrola y de Red Elíéctrica, la Procuraduría indica que Bolivia ha sido notificada con las controversias y se encuentra “en etapa de acercamientoâ€, pero no cita ninguna cifra demandada, ni foro alguno de arbitraje.
De su parte, Guaracachi America Inc y Rurelec piden a Bolivia un pago de 142 millones de dólares por la nacionalización en 2010 de una empresa de generación elíéctrica, caso que está ya a la espera de un laudo arbitral en el CNUDMI.
Quiborax reclamó 146 millones de dólares en el CIADI por el retiro en 2004 de sus concesiones para explotar ulexita en el Salar de Uyuni, demanda que tambiíén está a la espera de un laudo, tras una audiencia celebrada en París en octubre pasado, según el reporte
