El 75% de los ayuntamientos españoles con problemas económicos que el Gobierno había identificado para optar a ayudas financieras extraordinarias han rechazado el plan de rescate estatal, según ha señalado el martes el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Finalmente, sólo 101 de los alrededor de 400 municipios que cumplían las condiciones para acogerse a las medidas de liquidez propuestas por el Gobierno (frente a un total de unas 8.000 entidades locales del país) han aceptado el plan de rescate, que estaba condicionado a un fíérreo control presupuestario.
"Uno de los principales motivos por los que el 75% de municipios con problemas no han solicitado las ayudas extraordinarias es la mejoría que ha experimentado su situación financiera a lo largo de 2013", señala Hacienda en un comunicado, cifrando en 161 el número de entidades locales cuyas cuentas habían mejorado en el último año.
El ministerio no especificó sin embargo quíé medidas tomaría o las consecuencias que tendría la negativa a aceptar el programa de ayuda por parte de alrededor de 140 ayuntamientos que seguían con importantes problemas económicos.
El Gobierno aprobó el pasado verano un real decreto para articular este rescate de municipios, pero ante su bajo nivel de aceptación, en diciembre amplió el plazo de solicitudes y llegó incluso a permitir que el alcalde pudiese aprobar en solitario la petición de ayudas si no había mayoría en el gobierno local.
Pese a estas modificaciones, sólo 13 municipios más presentaron la documentación para acogerse a las medidas extraordinarias de liquidez, que se sumaron a los 88 que habían solicitado las ayudas en la primera fase.
Al plan de rescate podían optar ayuntamientos con tesorería negativa en los últimos dos años, elevadas deudas con acreedores públicos o impagos importantes a proveedores, entre otros condicionantes.
A cambio del apoyo financiero -con medidas como anticipos en la participación tributaria estatal o fraccionamiento de las deudas con Hacienda o la Seguridad Social-, el Estado exigía a los ayuntamientos reducir sus gastos de funcionamiento, financiar el coste de servicios públicos "con tasas" o no aprobar medidas que redujesen la recaudación.
Hacienda se reservaba igualmente la posibilidad de intervenir en el proceso de elaboración de los presupuestos así como contar con una cuenta restringida supervisada por el Ministerio.
