El Gobierno no ha abandonado ni de lejos la causa contra las elíéctricas, semanas despuíés de la subasta maldita que avalaba una subida de la luz del 11%. Claro que despuíés de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) evitara referirse en su informe a la existencia de manipulación por parte de las empresas, el Ejecutivo ha modificado de plano su estrategia. Al punto que, según aseguran fuentes conocedoras de su hoja de ruta, Industria cimentará el caso para acometer cambios en la formación de los precios de la luz en el control que las compañías ejercen del operador de mercado (OMIE), incluso accionarialmente.
De hecho, la punta de lanza de ese argumento es que el OMIE es el único organismo capaz de parar una subasta in situ si detecta irregularidades, una medida que no tomó el pasado 19 de diciembre pese a que las circunstancias en que se desarrolló la puja, según el informe posterior de la propia CNMC, no podían ser más atípicas. Esta tesis que se maneja en el Ministerio desacreditaría las declaraciones efectuadas por Unesa en los días posteriores a la subasta, según las cuales los representantes de la propia CNMC podían haber detenido el proceso en el acto. Esto es, el único agente autorizado para frenar la subasta es el propio OMIE.
En efecto y según reza el punto 9 del anexo a la Orden ITC/1601/2011, de 11 de junio, por la que se regulan las subastas Cesur, “si el número de participantes calificados se considerase insuficiente o existiesen argumentos que indicasen una insuficiente presión competitiva, la entidad responsable de la gestión de la subasta informará de este hecho a los representantes de la Comisión Nacional de la Energía [actual CNMC] y declarará suspendida la subasta. Asimismo, la entidad gestora de la subasta deberá informar a la Secretaría de Estado de Energía y a la Comisión Nacional de Energía, tanto antes como durante la celebración de la subasta, sobre las condiciones de competencia en la mismaâ€.
Y no se queda ahí la regulación. El punto 18 insiste en que “la entidad responsable de la gestión de la subasta podrá decidir paralizar las rondas o cancelar la subasta en caso necesario (por ejemplo, por errores en las ofertas, incumplimiento de los procedimientos establecidos, mal funcionamiento de los sistemas)â€. Una vez dada por buena la puja “y antes de que transcurran 24 horas desde el momento de finalización de la subasta, la Comisión Nacional de Energía deberá validar los resultados, confirmando que el proceso de la subasta se ha desarrollado de forma objetiva, competitiva y no discriminatoriaâ€. Ahí es donde encalló el proceso el 20 de diciembre, con el Gobierno ya en armas.
Control del capital
Sentadas estas bases, ¿por quíé el operador de mercado no movió ficha? Para explicar esa inacción, desde el entorno del Gobierno se encogen de hombros y apuntan al accionariado del OMIE. El operador de mercado ibíérico, responsable de la gestión del sistema de oferta de compra y venta de energía elíéctrica, está participado a partes iguales por el operador español (OMEL) y el portuguíés (OMIP). Aunque las compañías nacionales se han refugiado tradicionalmente en que su participación conjunta no supera el 50% de la cuota española –e incluso han insistido en que entidades financieras tambiíén tienen peso en la sociedad–, Industria tiene claro que, debido a la incidencia de diferentes participaciones cruzadas, las grandes elíéctricas controlan al gestor de las subastas, una falla que quiere remediar.
En efecto y según los datos a los que ha tenido acceso El Confidencial, las compañías elíéctricas controlan directamente más de un 45% de la cuota española del OMIE. Sin embargo, agentes neutros como el gestor de red portuguíés (REN) y el propio operador de mercado luso (OMIP) acumulan un 10% cada uno, lo que deja a las entidades financieras con algo más del 30%. En lo que respecta a la participación portuguesa, las elíéctricas suman un 30%, OMIE un 10% –en reciprocidad– y REN, un 40% adicional. Los bancos sólo atesoran un 20%. En román paladino, las compañías elíéctricas están de facto al mando en el capital.
Tampoco sería extraño que, para allanar el camino a Soria, este fuera uno de los argumentos que incluyera el segundo informe sobre la subasta que prepara la CNMC, que apremiada por los plazos legales no pudo incluir en el primero la investigación que realiza la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los políémicos acontecimientos que tuvieron lugar en vísperas navideñas. Por ahora, el ministro de Industria, con más tino, ha cambiado su discurso. De sus airados reproches de manipulación ha pasado a certificar que se produjeron “circunstancias incapaces de asegurar el nivel requerido de seguridad y competencia en el mercadoâ€. Así lo dijo la semana pasada en el Congreso. Del trazo grueso al corazón del problema.
