Tres años despuíés de que se anunciara la fusión, Unicaja reunió este martes a su consejo de administración con el objetivo de aprobar definitivamente la adquisición de Banco Ceiss. Aunque la oferta de la firma malagueña concluyó hace ya nueve días, la operación estaba pendiente de un último fleco.
La entidad que preside Braulio Medel había echado el último de una larga serie de pulsos –siempre ganados hasta la fecha– al FROB y a Bruselas, reclamando unos 241 millones de euros más en ayudas públicas para paliar la falta de una aceptación mayoritaria de la suma de accionistas y bonistas de Ceiss.
El acuerdo en este punto, revelado a la CNMV esta madrugada en sendos hechos relevantes por Unicaja y Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SA, matriz de Ceiss, desatasca la fusión más postergada del sector y da a luz al síéptimo grupo financiero por volumen de activos.
De haber logrado el “sí†de un 75% de la suma de capital y bonos, la fusión hubiera sido aprobada automáticamente al final del plazo de aceptación, que culminó el lunes 20 de enero. Ya una semana antes, Unicaja contaba con la aceptación del 97% del accionariado de Ceiss pero solo con el 20% de los bonistas, antiguos preferentistas y tenedores de deuda subordinada de las cajas castellanas.
La oposición de este colectivo a una nueva quita inicial del 71%, la escasa liquidez prometida de partida y, ante todo, la obligación de que renunciasen a cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial impidió alcanzar el apoyo deseado pese a los esfuerzos del FROB, que prometió una suerte de arbitraje, y de la propia Unicaja, que lanzó un mecanismo de compensación en el último momento.
Finalmente, el grado de aceptación conjunto a la oferta de Unicaja fue del 60,66% de los 1.433 millones en híbridos que comercializó inicialmente Caja España–Duero (1.011 millones entre particulares y 423 entre mayoristas) que el FROB transformó luego en 803 millones en bonos y 330 millones en acciones.
La diferencia hasta ese 75% de aceptación deseada supone un montante algo superior a los 241 millones de euros, que es la cuantía que Medel ha reclamado para cubrirse las espaldas ante una nueva oleada de fallos judiciales contra Ceiss, dado que los tribunales son el camino natural que les queda a los bonistas que han rechazado la oferta de Unicaja.
Una nueva ayuda sujeta al dictamen de Bruselas, que ya cedió la pasada primavera a las condiciones de Medel cuando reclamó 200 millones para hacer frente a vicios ocultos y posibles variaciones de precio sobre los 3.140 millones de euros en activos que Ceiss traspasó a Sareb.
Las ayudas pactadas directamente con Unicaja se suman, en todo caso, a los 1.129 millones del contribuyente que ya se habían inyectado previamente en Ceiss y que el grupo malagueño no tendrá que devolver. Se trata, concretamente de los 525 millones con que el FROB aproyó la fusión entre Caja España y Caja Duero y los 604 millones provenientes del rescate europeo con los que se recapitalizó la entidad.
Con la operación, el grupo Unicaja prevíé doblar su tamaño, pasando de 41.000 millones a 78.000 millones de euros en activos para convertirse en el síéptimo grupo financiero del país adelantando a Liberbank, BMN, Novagalicia, Bankinter, Ibercaja-Caja3, Kutxabank o Catalunya Banc.
Ajustes adicionales
El documento enviado por las entidades a la CNMV revela tambiíén la asunción de determinados compromisos que modifican el plan de reestructuración inicialmente aprobado por Bruselas.
En concreto, establece que "el volumen máximo de la cartera crediticia se reduce un 10% adicional; el tamaño máximo del balance se reducirá un 15% adicional; la ratio objetivo de príéstamos sobre depósitos será un 10% inferior a la prevista inicialmente en las regiones de principal actividad de Banco Ceiss; la reestructuración organizativa incluirá el cierre de un 5% más de oficinas y se mantendrá la disminución de plantilla prevista hasta el 31 de diciembre de 2014, si bien se realizará una reducción adicional del 5% antes del 31 de diciembre de 2016".
Este apartado supone, a priori, que la entidad deberá afrontar un nuevo proceso de ajuste de oficinas y personal más allá del recorte que aprobó la pasada primavera, cuando prescindió de 1.230 empleados
