La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha dado instrucciones para que se admitan a trámite todas las quejas de los contribuyentes que llegan sobre la obligación impuesta por la Agencia Tributaria de tener que realizar la declaración del IVA por vía telemática.
Según fuentes de esta institución «las estamos admitiendo a trámite porque algo vemos» que no se ha hecho bien. «Hemos abierto un proceso informativo y estamos dando traslado a la Agencia Tributaria de las quejas de los ciudadanos».
Estas quejas, unido a las colas en busca de información y de ayuda en las administraciones, se suman a las que ya se están presentando ante la propia Hacienda al suprimir, de golpe, la declaración por papel de momento del Modelo 390, correspondiente al resumen anual del IVA de 2013, que tendrá que ser presentado antes de fin de mes.
Los pequeños autónomos
La mayor parte de estas quejas, cuyo número se desconoce porque «siguen llegando», proceden de pequeños autónomos. Y, sobre todo, de contribuyentes de edad avanzada y arrendadores de locales comerciales que no disponen de ordenador para realizar la declaración, que el que tienen no reúne las especificaciones exigidas, que no entienden la aplicación ni saben descargársela o que no disponen de móvil para recibir un SMS con un Pin de 24 horas para realizar los trámites on line. Tambiíén se quejan del coste que les puede suponer encargar a un asesor o un gestor formular la declaración.
Aunque la fecha limite para este declaración es el día 30, y la Agencia Tributaria no tiene un plazo establecido para responder, en estas fuentes se asegura que «vamos a hacer algo para que esto no vuelva a suceder».
En fuentes fiscales se asegura que lo que se ha hecho «es un disparate». Se puede exigir que las sociedades anónimas o las limitadas, o incluso los profesionales, o parte de los autónomos, mantengan relaciones informativas con la Agencia Tributaria con medios telemáticos, «pero no se puede pedir esto a un país en el que millones de ciudadanos no tienen acceso a internet». «Hay muchos propietarios de locales de más de 80 años que no saben lo que son las nuevas tecnologías o internet», añaden. «Parece que Hacienda quiere empujar a la gente a ir hacia la economía sumergida donde no sufrirán estos problemas».
Las quejas de las organizaciones
Las quejas están llegando de incluso organizaciones profesionales. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Zaragoza ha presentado un escrito ante el Justicia de Aragón para su tramitación al Defensor del Pueblo. El decano, Antonio Morán, señala que entiende y comparte el interíés de la Agencia Tributaria por agilizar la atención a los ciudadanos con el incremento de las comunicaciones por vía electrónica. «Pero una medida aplicada con carácter general y de forma indiscriminada puede esconder una grave discriminación y restricción de los derechos hacia a aquellas personas que no están en condiciones de hacer uso de ella», señala. «La aparente sencillez de los medios electrónicos no es tal cuando se desconoce o no se domina su funcionamiento o simplemente se carece de los medios para contar los aparatos y conexiones necesarios, situación en la que se encuentran miles de personas. Y no sólo por cuestiones de edad o de cultura sino tambiíén por razones económicas».
Tambiíén ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, Alfonso Pacheco, en nombre del Forum Jurídico, que advierte que la ley de 2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos prevíé en el artículo 27 que son los ciudadanos, y no la Administración, los que pueden elegir en todo momento la manera de comunicarse.
Precisamente, para evitar decisiones como íésta, en el apartado sexto se establece que solamente las administraciones podrán establecer esta obligatoriedad por medios electrónicos cuando se trate de «grupos o colectivos que por razón de su capacidad económica o tíécnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos».
