Por... Emilio Cafassi
La implementación de políticas de desdoblamiento cambiario, o peor aún, de restricciones fíérreas de acceso a las divisas, tanto para empresas como para personas físicas, fue aplicada por varios países capitalistas, particularmente dependientes, en diversos momentos críticos de su historia. Para ponerlas en funcionamiento (como hizo el oficialismo argentino a partir de la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a fines de 2011) e ingresar en este tipo de tácticas económicas, no se requiere una gran sofisticación de procedimientos, aunque sí de vastos controles. Sin embargo, salir de ellas supone no sólo una enorme complejidad, sino además, inevitablemente, altos costos sociales y desajustes inmediatos, rayanos en la parálisis económica y el desconcierto ciudadano.
El pasado viernes, luego de que en la víspera el mercado negro produjera una brecha con la burocrática y arbitraria cotización oficial del orden del 67% (la que a su vez venía intentando acompañar aceleradamente el incremento del paralelo), el ministerio de economía decidió flexibilizar las limitaciones de acceso al dólar para personas físicas y jurídicas, aunque aparentemente -ya que aún no se ha reglamentado- con la habitual discrecionalidad de las autorizaciones fiscales. Doce años atrás, en incipiente insurrección popular, debió aplicarse algo más o menos similar como salida paulatina al “corralito†que dejó el recordado ministro neoliberal Domingo Cavallo. Argentina cuenta con experiencia –y aparente vocación- piromaníaca, sin por ello haber mejorado su dotación de bomberos.
La motivación principal para la implementación del conjunto de medidas restrictivas sobre el mercado cambiario que en improvisada, desprolija y contradictoria sucesión se implementan desde octubre de 2011, no proviene de un impulso gubernamental suicida. Por el contrario, si algo ha caracterizado al peronismo en general y a la cepa kirchnerista en particular es su innato instinto de conservación y autoreproducción. Es esencialmente una casta estratificada, ideológicamente amorfa, que tanto puede aplicar las medidas más progresistas cuanto las más reaccionarias -siempre dentro de los límites del capitalismo- según juzgue que favorecen la perpetuación de la íélite de turno en el poder y la exclusión de la ciudadanía de todo posible control público de sus acciones, garantizándose de este modo la mayor impunidad. El peronismo carece no sólo de estructuras orgánicas que garanticen un debate colectivo y elaboraciones programáticas y estratíégicas, sino inclusive de militantes. Sólo construye una organización de socios en el botín, con proporciones diferencialmente jerarquizadas y estrictas reglas tácitas de pertenencia.
La traducción económica particular de la maraña de medidas cambiarias últimas, permanentemente retocadas sobre la marcha, es la píérdida constante de reservas del Banco Central producto del díéficit de la balanza de pagos internacional. En menos de dos años pasaron de 50.000 millones de dólares a 29.000: se desplomaron un 42%. ¿Han disminuido entonces las exportaciones? Por el contrario, aumentaron. ¿Acaso el país fue arrastrado por la crisis capitalista de los países centrales, cayendo en una recesión autorealimentada? En absoluto. El PBI siguió creciendo aunque a menor ritmo que en la primera etapa de gobierno. ¿Se han incrementado los pagos por servicios de deuda externa? Tampoco. La razón principal es que pasó de ser exportador de hidrocarburos (gas y petróleo) a importador neto en sólo unos pocos años en razón de medidas tomadas dos díécadas atrás sobre las que no existió voluntad política alguna de mutación, salvo cuando ya la situación resultó explosiva y sólo reversible en el largo plazo, en lo que a la oferta refiere. Además influye el incremento del consumo, del lado de la demanda. Por un lado, el -tambiíén peronista- gobierno de Menem, hoy ferviente kirchnerista, produjo en sus primeros meses la desregulación y privatización de la antigua compañía petrolera estatal YPF que implicaron modificaciones en la estructura de propiedad, con la venta de activos y la concesión de áreas y la apropiación privada de los recursos naturales como el petróleo, que devino en simple “commodityâ€. De este modo, la producción hidrocarburífera quedó presa de las estrategias de rentabilidad y reducción de riesgos de inversión de los capitales privados y transnacionalizados, resultando un verdadero festín de parasitismo rentístico. En sólo 20 años, las empresas privadas y la española Repsol en particular, consumieron las reservas de petróleo que el Estado tardó 80 años en descubrir.
No es casual esta tardía reacción ante la irresponsabilidad del capital extractivo. Cuando fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, productora de petróleo, Níéstor Kirchner fue un enfático defensor de la privatización de YPF. Cierto es que en conjunto con su esposa reestatizaron algunas de las empresas monopólicas de servicios estratíégicos privatizadas en la cresta de la ola neoliberal peronista, pero siempre cuando quedaron fundidas o en situación de virtual parálisis o de extremo riesgo para la población. Así sucedió con la empresa de agua controlada por el grupo francíés Suez (con participación de intereses españoles como Aguas de Barcelona o el Banco Galicia) reconfigurada como empresa estatal, con la aerolínea de bandera (fundida por el tambiíén español grupo Marsans) o con ramales ferroviarios como el Sarmiento, luego de accidentes que costaron decenas de vidas y de virtual paralización del servicio. El kirchnerismo no ha hecho nada, sin embargo, para revertir el monopolio privado de la distribución elíéctrica a pesar de los permanentes piquetes de usuarios que en creciente proporción protestan por los cortes de luz frente a los picos de calor estival, el cuasi monopolio entre telefonía fija, celular y provisión de internet de prestaciones entre las peores del mundo, o el monopolio de la distribución de gas. En muchos de estos “negociosâ€, se encuentran recurrentemente intereses españoles. Por ello, no debe sorprender que el viernes haya caído no sólo la bolsa de valores de Buenos Aires, sino tambiíén la de Madrid en casi idíéntica proporción.
Pero la crisis energíética encuentra tambiíén su complemento explicativo del lado de la demanda. En el área metropolitana de Buenos Aires (donde habita el 40% del país), además del incremento exponencial del parque automotor, los servicios domiciliarios (agua, electricidad y gas) cuanto el transporte se encuentran subsidiados, con precios indiscriminadamente irrisorios. No se trata de cuestionar toda política subsidiaria de los servicios esenciales, sino de direccionarlos diferencialmente hacia los más necesitados, cosa muy fácilmente corroborable a travíés del valor fiscal de las propiedades y de la informatización de los instrumentos de pago del transporte. Tambiíén de desarrollar estrategias de producción de energías renovables como la solar o la eólica.
Si algo lograron las medidas adoptadas hasta aquí fue, en el mejor de los casos, atenuar la fuga de divisas que el 20% de la población generaba a travíés de viajes al –y compras en el- exterior, además de frenar las importaciones estimulando su sustitución por la industria nacional. Pero a su vez generaron un desenfreno especulativo, mayor corrupción, la apropiación fiscal de recursos en violación a las propias normas como la aplicación de anticipos a impuestos que jamás fueron contabilizados y la citada caída de reservas.
Las medidas anunciadas el viernes, hasta el momento sólo permiten verificar la caída de las bolsas, los temores de desajustes al interior del Mercosur, la virtual desaparición de cotizaciones (lo que el matutino “ímbito financiero†llamó “cuevas desoladasâ€) y hasta de precios de productos ante el furor inflacionario, fenómeno multiplicado por el estímulo mediático que los oligopolios comunicacionales hacen de la paralización de valores de los bienes, particularmente con altas proporciones de insumos importados, como los automóviles o los electrodomíésticos. No es algo que haya podido corroborar porque no estoy en el país, pero la casualidad de tener que pagar una tarjeta de críédito me obligó a realizar llamadas a bancos en el mismo día, pudiendo verificar que por caso, American Express cotizó el dólar a $ 8,70 a lo largo del día, que el banco HSBC osciló entre $ 9 y $ 8, que hasta el Banco Nación eliminó de su página web la cotización oficial, entre otros descalabros e incertidumbres.
La argumentación ideológica oficial del “golpe especulativo†o la apelación moral contra la especulación resulta de un cinismo risible. La especulación es inherente al capitalismo y afecta al conjunto de la sociedad con todas sus clases sociales. No sólo a los grandes capitales, sino tambiíén al simple comprador domíéstico de feria o supermercado. Constituye la inveterada expresión del interíés privado que tanto la economía política clásica y neoclásica ha vivido y vive glorificando. ¿Por quíé un individuo o una corporación dejaría de obtener algún beneficio legalmente mediante algún tipo de opción entre variables económicas? Desde escoger entre una marca de lácteos, transferir acciones en la bolsa o cambiar divisas. Si se quiere combatir el espíritu especulativo, habrá que hacerlo simultáneamente con el capitalismo que lo enaltece y estimula, cosa muy poco kirchnerista.
El desarrollo del capitalismo no es completamente incompatible con la planificación económica, con la intervención política a travíés de medidas para modificar parcialmente las desigualdades que genera o para priorizar objetivos de desarrollo social, de conquista de ciertos derechos o libertades cívicas. Pero exige coherencia y realimentación entre los efectos que generan las intervenciones sobre ciertas variables económicas, sobre las que la moral poco puede incidir, justamente porque su naturaleza es esencialmente inmoral. No puede desconocerlo el kirchnerismo que ha tomado iniciativas progresistas encomiables en su primera etapa que ahora quedan en riesgo ante la improvisada y zigzagueante deriva económica.
