La cruzada contra la economía sumergida del ministro Montoro prosigue, aunque los resultados sean poco alentadores por ahora. Tras prohibir cualquier pago en metálico mayor de 3.000 euros, ahora el objetivo son los gastos, normalmente elevados, de las comunidades de vecinos.
La Agencia Tributaria acaba de poner en marcha una ley que obliga a estas comunidades a declarar todas las operaciones que en su totalidad superen los 3.005 euros. Esto supone que los contratos habituales con proveedores como la limpieza de las escaleras, el mantenimiento de los ascensores o de las puertas de los garajes, el cuidado del jardín o el mantenimiento de la piscina tendrán que ser comunicados a Hacienda.
Todos estos pagos realizados a lo largo de este año tendrán que ser comunicados al fisco por el representante de la comunidad de propietarios en febrero de 2015.
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Las comunidades tambiíén tendrán que explicar el importe total en euros de las operaciones realizadas; los importes superiores a 6.000 euros percibidos en metálico y los contratos que conlleven el alquiler de locales de negocios. Tambiíén están obligadas a dar datos aquellas que desarrollen actividades empresariales profesionales acorde con la normativa del IVA, como el alquiler de otros elementos comunitarios como fachadas o cubiertas, entre otros
Sin embargo, se exime a los propietarios de declarar los suministros de energía elíéctrica, agua y combustibles. Tampoco el alquiler de viviendas para uso personal.
La medida va en la buena dirección de aflorar economía sumergida pero puede agravar aún más la situación de muchas comunidades de vecinos, que se enfrentan a un impago creciente por parte de muchos vecinos morosos. La obligación de declarar rentas y transacciones en metálico elevará los costes fiscales de muchas comunidades, forzando eventuales subidas en los recibos mensuales o derramas o bien recorte de prestaciones.
Cabe recordar que las comunidades de vecinos soportaban una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios el año pasado, importe un 60% superior al de 2010, según datos de los administradores de fincas. Los bancos que se han quedado con pisos en procesos de ejecución o desahucios son responsables de una buena parte de la morosidad que acumulan esas comunidades de vecinos.
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Este nuevo mecanismo para vigilar los movimientos de las comunidades, puede verse acompañado pronto de nuevas medidas para aflorar el dinero negro. La reforma fiscal que prepara el Gobierno podría incluir el que los ciudadanos se desgraven el IVA de algunos productos y servicios de tal manera que esto les forzaría a pedir factura los proveedores, según informa Voz Pópuli.
De ordinario, hay muchos servicios prestados a particulares y familias que no se declaran, como por ejemplo, los cuidados de ancianos, las empleadas del hogar, el míédico o dentista, las obras y reparaciones, la jardinería,el gasto farmacíéutico, las clases particulares o la minuta de los abogados. Es una medida ambiciosa pero que el Gobierno se lo está pensando porque genera importantes problemas administrativos en su aplicación. Además, Hacienda quiere calibrar bien que lo que ingresaría por el IVA aflorado sea superior a lo que dejaría de ingresar por IRPF.
