Aunque todavía quedan cuatro años para cumplir el programa de la Unión Europea, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) quiere hacer buena la enseñanza cervantina según la cual “empezar las cosas es tenerlas medio acabadasâ€. El plan de cierre de Hunosa debe ser culminado en 2018, pero las labores orientadas al precinto de los seis pozos de la compañía estatal requieren tiempo y su desarrollo puede ser decisivo para la reconversión de la actividad minera en una nueva sociedad de ingeniería.
En medios oficiales se ha empezado a acuñar el tíérmino de la ‘Hunosa verde’ para definir el modelo de empresa que podría surgir a partir del Plan de la Minería 2013-2018. El cierre de todas las explotaciones no rentables, tanto públicas como privadas, va a generar una nueva actividad productiva que la Sepi quiere utilizar como rampa de lanzamiento para evitar la desaparición de la empresa carbonífera.
Hunosa cuenta en la actualidad con 1.700 trabajadores y el planteamiento que maneja el Gobierno apunta la recuperación de entre 600 y 1.000 empleos, de los que buena parte van a requerir nuevas exigencias de cualificación. El resto de los excedentes laborales serían tratados con medidas de ajuste de carácter no traumáticas, en su mayor parte jubilaciones anticipadas que se complementarán con bajas incentivadas.
La primera de las explotaciones de Hunosa, el pozo Candín, fue cerrado en 2012. Según el calendario inicialmente previsto por la empresa, a lo largo de 2014 han de cesar las actividades en el pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio y Montsacro, en Morcín. En 2015 se efectuará un paríéntesis de cierres que se reanudarán en 2016 con el pozo María Luisa, en Langreo. Finalmente, las explotaciones de la Nicolasa, en Mieres, y el Santiago, en Aller, finalizarán su actividad en 2018.
Ayudas a la minería del carbón
La Sepi tiene previsto reunirse a partir de hoy con los representantes sindicales a fin de despejar las incertidumbres que este proceso genera entre los trabajadores de la compañía, dentro de una ronda de negociaciones que se presume intensa a lo largo de los próximos meses. El conflicto social en Hunosa no está descartado, pero los dirigentes de la sociedad estatal prefieren encarar con todas las consecuencias el mandato de la Unión Europea y disponer de un margen de tiempo suficiente para llegar a un acuerdo satisfactorio con los sindicatos mineros, encabezados por el SOMA-UGT.
La producción de carbón nacional se ha demostrado como un negocio ruinoso desde hace muchos años y su mantenimiento por razones políticas ha obligado a ingentes dotaciones de ayudas públicas. Desde el año 1990 la minería del carbón ha costado al Estado cerca de 24.000 millones de euros en un total de cuatro planes sectoriales. Dichos recursos han facilitado la reconversión de una industria que hace dos díécadas empleaba a 45.000 personas y que ahora tiene afiliados a la Seguridad Social menos de 4.400 trabajadores.
Del total de ayudas mencionadas, las empresas mineras han percibido en este periodo casi 5.500 millones de euros, de los que 1.300 han ido a parar a Hunosa. La empresa estatal deberá ahora buscar la colaboración del sector privado para configurar una empresa de capital mixto que asegure la rentabilidad de sus operaciones. Ese es el gran reto que la Sepi quiere plantear a los sindicatos para abordar la metamorfosis de la legendaria empresa minera en la futura ‘Hunosa verde’.
