La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha vuelto a tomar un papel protagonista en la crisis del Canal de Panamá tras el aumento de la tensión entre los administradores de la infraestructura y el consorcio encargado de su ampliación, liderado por la constructora española Sacyr. Pastor, que ya viajó al país centroamericano a principios de enero, telefoneó ayer al ministro de Asuntos del Canal, Roberto Roy, para pedirle la vuelta al diálogo de las partes con el fin de lograr un acuerdo sobre la financiación de los sobrecostes, explican fuentes próximas al Gobierno.
La intermediación de la ministra vuelve a producirse en un momento de máxima tensión y tras el cruce de acusaciones de la víspera entre la Administración del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado de la construcción del tercer juego de esclusas.
Vuelven las negociaciones
La situación actual es de máxima incertidumbre. Ambas partes han vuelto a establecer contacto mediante correos electrónicos despuíés de que venciera sin acuerdo el tercer plazo estipulado para negociar la financiación de 1.200 millones de euros aflorados en sobrecostes, tal y como adelantó ayer EL MUNDO. Estos primeros contactos podrían derivar en la reapertura de las negociaciones, si bien fuentes empresariales señalan que íéstas se encuentran «interrumpidas». El escenario contrario pasa por que alguna de las partes rescinda el contrato, alegando en un caso u otro la insuficiencia financiera para continuar con el proyecto o el retraso de las obras derivado de la paralización de casi todas las actividades.
Una fuente diplomática explicó a Efe que la ACP estaría ya dialogando con los subcontratistas del consorcio para que continúen las obras y pensando en romper el contrato con GUPC siguiendo el proceso legal, para evitar que la aseguradora Zurich no deposite la fianza a favor de Panamá. El objetivo de los administradores es que la infraestructura estíé lista el próximo año para coincidir con la celebración de la Cumbre de las Amíéricas. El gerente de la ACP, Jorge Quijano, explicará la situación del conflicto el próximo miíércoles en la Asamblea Nacional panameña.
Por lo pronto, las acciones de Sacyr se recuperaron en la jornada de ayer con un incremento del 2,4%, hasta 3,7 euros, ante la nueva «ventana de oportunidad» abierta para lograr un acuerdo, tal y como la definió en una entrevista en Onda Cero el embajador de Panamá en España, Roberto Eduardo Arango. El pesimismo de la víspera había hundido los títulos un 6,8%.
Píérdida de 297 millones de euros
Las casas de analistas tambiíén incluyeron su valoración sobre la situación en los informes remitidos a sus clientes. Bekafinance considera que la píérdida del contrato tendría un impacto de 297 millones de euros para la constructora española por la ejecución de las garantías y fianzas aportadas. Además, esta entidad advierte de que Sacyr tendría que «provisionar los 250 millones de euros de las reclamaciones que han sido contabilizados como ingresos». Fuentes de la compañía no quisieron valorar estas cifras al asegurar que no se está trabajando en ese escenario.
Los analistas de Ahorro Corporación tambiíén se refieren a un «escenario pesimista» en el que confluyan las hipótesis más catastrofistas: «Que no se llegara a un acuerdo, que Sacyr fuera expulsado de la obra, que no obtuviera ningún tipo de indemnización y que no recibiera nada de los sobrecostes reclamados». El impacto aquí sería la píérdida de 98 millones invertidos y provisionados, el desembolso de 175 millones por la ejecución de los avales y la provisión de otros 250 millones apuntados como ingresos por el proyecto y aún no cobrados. Además, aún quedan 370 millones de euros del proyecto en cartera que está previsto ejecutar en 2014 y 2015.
Además del efecto contable, la ruptura del contrato implicaría un «deterioro» de la imagen de España, según considera el alto comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Montero. Además, manifestó, no obstante, su confianza en que «se renueven las conversaciones» respecto al proyecto de ampliación del Canal por considerar que «la única solución buena para todas las partes es que haya acuerdo».
