El presidente y principal accionista de Codere, Josíé Antonio Martínez Sampedro, debe afrontar en diciembre de 2015 el vencimiento de una deuda personal de 570 millones, lo que, con unos activos valorados en sólo 27 millones, le puede arrastrar al concurso de acreedores. Fuentes de toda solvencia consultadas por este periódico han confirmado que del importe total, 340 millones corresponden a la financiación concedida en 2007 por Credit Suisse para la compra de acciones de la compañía de juego y el resto al pago de intereses, que deben afrontarse de golpe.
La deuda la asume Masampe Holding BV, una sociedad instrumental domiciliada en ímsterdam (Holanda) por motivos fiscales.
A travíés de ella, Martínez Sampedro controla un 51,3% del capital del grupo, aunque tiene otro 12,4% adicional de forma directa. Y a eso hay que añadir un 2,2% en manos de Encarnación, su madre, y otro 2,5% de Luis Javier, su hermano, que el año pasado se llevó su participación a Luxemburgo, articulándola a travíés de un fondo.
Fuerte descuento
La deuda de Masampe cotiza y lo hace, actualmente, con un fuerte descuento -alrededor de 4 cíéntimos por euro- lo que ha provocado la compra de la misma por varios fondos buitres, aunque algunos de ellos, como Anchorage o Apollo, ya han salido. Las fuentes consultadas explican que incluso el propio Martínez Sampedro podría haber adquirido parte de la misma.
Como garantía de la deuda figuran las propias acciones de Codere, por lo que si el primer accionista y ejecutivo no puede afrontar su devolución sólo tendrá dos opciones: o presenta el concurso de acreedores o se arriesga a que se ejecute la pignoración de los títulos y pierde el control de la sociedad.
La situación de Codere se agrava mientras tanto un poco más cada día que pasa. El gigante español del juego no pudo afrontar ayer el pago de los 127 millones que debía abonar a los fondos GSO y Canyon, incurrió en un nuevo default, y se queda ahora a la espera de que estos decidan si ejecutan o no las garantías, lo que podría provocar la entrada inmediata de la compañía en concurso de acreedores. Tal y como informó ayer este periódico, el vencimiento de esta línea de financiación podía haberse extendido hasta el próximo 15 de abril, pero para eso Codere debía haber alcanzado antes un acuerdo de la reestructuración de su pasivo con los bonistas.
El problema es que la empresa de juego, que ha emitido cerca de 1.000 millones de euros, ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo con los tenedores de los bonos. Estos propusieron a la empresa aceptar una quita de 340 millones de euros, realizar una inyección de otros 400 millones más y tomar, a cambio, el 82% del capital. Su propuesta incluía que el actual presidente, Josíé Antonio Martínez Sampedro, se quedara al frente como primer ejecutivo y conservará un 14,5% de las acciones, con posibilidad de obtener otro 10% en el caso de alcanzar determinados objetivos.
Como Codere lo ha rechazado, la última palabra la tienen ahora los fondos de inversión, que son los que deben decidir si, a pesar de todo, aceptan extender de nuevo el plazo para el pago o, por el contrario, fuerzan la presentación del concurso. En este último caso, los bonistas podrían quedarse finalmente con la totalidad de las acciones tras la presentación de un convenio, ante la imposibilidad de Codere de afrontar los pagos.
Sólo 30 millones en caja
La empresa, que se encuentra en preconcurso de acreedores desde el 2 de enero, contaba al cierre del último ejercicio sólo con 30 millones de euros en efectivo para afrontar sus operaciones diarios.
No obstante, según aseguró a la CNMV ante un requerimiento de información, "se espera que la diferencia entre gastos e ingresos operativos en 2014 no superen esa cantidad, especialmente despuíés del esfuerzo de reducción de gastos". Codere insistió al supervisor de los mercados que, excluyendo los pagos previstos relacionados con la deuda financiera, cuenta de hecho con liquidez suficiente para afrontar los pagos previstos.
Según su equipo gestor, la sociedad sigue "generando caja suficiente para cubrir las necesidades operativas y de las nuevas oportunidades de negocio", aunque "la viabilidad futura dependerá de llegar a un acuerdo de reestructuración de su deuda financiera con los tenedores de los bonos". La compañía incurrió en un primer default el 14 de enero despuíés de no haber podido abonar 31,4 millones. A la espera de lo que decidan hacer ahora los fondos GSO y Canyon, la empresa tiene hasta el 2 de mayo para tratar de evitar el concurso.
