La suspensión de las obras en el Canal de Panamá por la falta de liquidez ha tensionado aún más las relaciones entre las autoridades y el consorcio de empresas Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera la española Sacyr. Aunque ambas partes continúan remitiíéndose propuestas para llegar a un acuerdo para financiar los 1.200 millones de euros aflorados en sobrecostes, el bando panameño trabaja ya en un plan para acabar por su cuenta el 30% que resta al proyecto de ampliación de la infraestructura.
«La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) contempla la retoma de las obras dentro de un máximo de 15 días», asegura a Efe una fuente que participó en la negociación por parte de esa entidad con el consorcio empresarial. Las empresas, ante este nuevo órdago, buscan todavía un acuerdo despuíés de comunicar el pasado viernes la paralización de los trabajos por la falta de fondos.
La resolución del conflicto
Esta semana se antoja decisiva en la resolución del conflicto. Cada una de las partes ha remitido a su interlocutor una propuesta final para salvar la crisis financiera de la infraestructura. La oferta de las empresas pasa por financiar a partes iguales los sobrecostes. Ambas partes aportarían 73 millones de euros de liquidez, mientras que las empresas convertirían los 295 millones del aval del seguro en príéstamo y la Autoridad del Canal aprobaría una moratoria de la devolución de los 580 millones de euros anticipados al consorcio hasta que se pronuncie el arbitraje internacional.
Por su parte, la ACP contempla ahora que la devolución de los anticipos se haga de forma gradual -y no al acabar los trabajos en junio de 2015- siempre y cuando las empresas cumplan una serie de «hitos» que eviten retrasos en la ejecución de las obras, explica en un comunicado remitido en la madrugada de ayer.
A falta de un acuerdo, las autoridades del Canal ya han puesto en marcha el proceso para rescindir el contrato y asegurarse el aval de 295 millones de euros depositado a travíés de Zurich Internacional. El primer objetivo de la ACP es «dejar claro ante la aseguradora Zurich que no se opone a un acuerdo, pero únicamente si se atiene a lo establecido en el contrato» de adjudicación, señaló la misma fuente, que pidió mantener su anonimato. «El GUPC, además, no va a poder aceptar las condiciones de la ACP en cuanto al aplazamiento del repago de unos 800 millones de dólares, que están asegurados mediante cartas de críédito bancarias», agregó.
La misma fuente asegura que el único plan que la ACP contempla, además de que el GUPC cumpla con el contrato, es asumir por su cuenta las obras. De esta forma se aleja el fantasma de la empresa estadounidense Bechtel, que se ha ofrecido a terminar la ampliación del canal. «Bechtel se acercó a la ACP para ofrecer sus servicios y la respuesta negativa fue tajante, al extremo de que se le advirtió que no serían recibidos nuevamente», explicó.
Paralelamente a este intercambio de comunicados, el Gobierno de EEUU instó el viernes a llegar a una «rápida resolución» de la disputa y a la reanudación de los trabajos. El país presidido por Barack Obama es el mayor usuario del Canal de Panamá, al que supedita gran parte de su comercio internacional. Estados Unidos cedió en su totalidad la administración del Canal a Panamá en 1999 con una cláusula en la que se arrogaba el derecho a intervenir en caso de que el funcionamiento de la vía fuera amenazado o estuviera en peligro.
