La policía nacional mantiene abierta una operación bautizada como Patos en varias localidades de Galicia relacionada con concesiones públicas y que está dirigida por un juzgado de Vigo, en el marco de la cual han sido detenidas al menos cinco personas, entre ellas el concejal de Obras del Ayuntamiento de Nigrán, Josíé ílvarez Valverde (PP), que está acusado presuntamente de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, y el jefe de Ferrovial para Galicia y Asturias. Los otros tres arrestados están relacionados tambiíén con Ferrovial, matriz de la firma Cespa, adjudicataria de multitud de contratos públicos en Galicia para tareas de limpieza y cuidado de jardines, entre otros. Los investigadores han llevado a cabo registros en dependencias municipales de varias localidades gallegas: Vigo y Ourense, con alcaldes socialistas; Pontevedra, con regidor del BNG; y Santiago, Nigrán, Ponteareas y la Diputación de Pontevedra, en manos del PP.
En Ourense, Cespa se llevó el concurso público para el cuidado y conservación de zonas verdes. El Ayuntamiento, gobernado en minoría por el PSdeG-PSOE, adjudicó este concurso a a la filial de Ferrovial por 856.000 euros, pero otra de las 14 empresas que se presentó al concurso de los parques y jardines ourensanos denunció supuestas irregularidades. Pasadas las nueve de la mañana, agentes de Vigilancia Aduanera se han presentado en las dependencias de la Concejalía de Medio Ambiente, encabezada por Susana Bayo, donde han comunicado la apertura de una investigación y han procedido a requisar los expedientes relacionados con el concurso. El pasado mes de agosto de 2013, la Junta de Gobierno Local adjudicó a Cespa el mantenimiento de las zonas verdes de todos los distritos de la ciudad. Acciona Medio Ambiente se encargaba del servicio en dos de los distritos de Ourense desde que le fue adjudicado el servicio en 2010.
En Santiago, seis agentes de la policía nacional han entrado a las 10 de la mañana en el servicio de Contratación para requerir diversos contratos de Cespa en el Ayuntamiento. Concretamente han acudido a la oficina de Contratación del Ayuntamiento de Santiago para requisar los contratos de acondicionamiento de la histórica Finca do Espiño y de la remodelación del estanque del parque de la Alameda. Los agentes han detenido en la capital gallega al jefe de Ferrovial para Galicia y Asturias y lo han trasladado a la sede compostelana de Cepsa, filial de la constructora, para asistir a su registro.
La juez tambiíén ha enviado a los agentes a requerir contratos a la Diputación de Pontevedra. Concretamente han solicitado documentación de obras realizadas en Vigo, Moaña y Poio durante los dos últimos años, algunas de ellas todavía en ejecución. En el Ayuntamiento de Pontevedra, los agentes están entrando en despachos y han requerido expedientes de reforma de calles y de patrocinios de la cabalgata de Reyes. Cespa es la adjudicataria en esta ciudad del servicio de limpieza. Y en Ponteareas, la Policía Judicial registra el departamento de Hacienda y han requisado numerosa documentación sobre contratos con esta empresa.
El fiscal jefe de Vigo, Juan Carlos Horro, ha descartado que esta nueva operación contra la corrupción política en Galicia sea una derivada de la instrucción de la Pokíémon que se instruye en Lugo con 100 imputados o de la investigación del fraude del IVA destapada por a travíés de la empresa 5Jotas en la que están implicadas un centenar de empresas por la emisión de facturas falsas. Horro ha descartado que las pesquisas se hayan iniciado por la denuncia de un particular y ha aclarado que esta “es una investigación iniciada hace varios meses†por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación en contratos públicos vinculados a varias empresas, informa Elisa Lois.
En la relación de contratos bajo sospecha aparecen las mercantiles Cepsa, Eiriñas, Enalvi e Intermediación Medioambiental, Inversiones Patos y Reciclaje y Gestión Medioambiental que habrían desarrollado obra pública en los últimos tres años para distintas Administraciones gallegas. La Fiscalía de Vigo han indicado que no hay previstas más órdenes de detención hasta que se analice la abundante documentación intervenida esta mañana a lo largo de 17 registros por funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Galicia.
