El Gobierno de Mariano Rajoy elevó en septiembre de 2012 el tipo de retención que sufren los autónomos en el IRPF del 15% al 21%. En un primer momento, se estableció que el incremento se mantendría hasta 2013 para bajar a partir de 2014 al 19%. Los problemas para cuadrar las cuentas llevó al Gobierno a prorrogar la retención del 21% en 2014 y aplazar la reducción al 19% a 2015. Sin embargo, en el marco de la reforma, Hacienda trabaja en una modificación radical de la tributación de los profesionales autónomos y estudia fijar un tipo de retención variable en función de los ingresos, como sucede con los asalariados. Fuentes de la Administración reconocen que esta idea, que propone la organización de autónomos ATA, está siendo analizada. Si la medida supera todos los filtros, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, podría anunciarla durante el debate del estado de la nación de la próxima semana.
Los tíécnicos de Hacienda deberán establecer quíé tipos de retención se aplican en función de cada tramo. Todos los autónomos tributan al 21% con independencia de los ingresos. El Ejecutivo no descarta que los contribuyentes con menos rentas vuelvan a retenciones cercanas al 15%, porcentaje vigente antes de la subida fiscal. Hoy, solo los nuevos profesionales que se dan de alta y cumplen determinados requisitos pueden aplicar temporalmente un tipo reducido del 9%.
En sentido estricto, variar el tipo de retención no supone un incremento o una reducción fiscal. La declaración del IRPF de un ejercicio se presenta en junio del año siguiente y, en función de las retenciones sufridas durante el año de referencia, el resultado será a pagar o devolver. En cualquier caso, en un contexto en que la liquidez escasea y llegar a fin de mes supone para muchas familias un reto constante, una reducción de las retenciones aliviará la salud financiera de muchos hogares. Para los autónomos no tiene sentido que Hacienda les aplicara una retención del 15% cuando la economía iba a toda vela y, ahora, cuando los contratos, los clientes y la facturación han caído a mínimos sufran un tipo del 21%. El Ejecutivo entiende que resulta injusto dar el mismo tratamiento fiscal a un trabajador por cuenta propia que ingresa 10.000 euros al año que a otro que gana 60.000 euros, con independencia de que estas diferencias sí que se reflejarán cuando se presente la declaración del impuesto sobre la renta.
La idea que estudia Hacienda de establecer una retención diferente en función de los ingresos del autónomo presenta ciertas dificultades tíécnicas. Un asalariado, en principio, tiene ya asignado su sueldo bruto anual y, a partir de esta información, se establece el porcentaje que su empresa le quita de la nomina mes a mes en concepto de IRPF. En el caso de un autónomo, los ingresos son más impredecibles. Si la medida obtiene el aval de Hacienda, lo más probable es que se fije un tipo de retención en función de los beneficios y facturación de años precedentes. Aunque existe un problema por el desfase de la información fiscal. Por ejemplo, los últimos datos del IRPFque tiene Hacienda corresponden a la declaración presentada en 2013 y que refleja los resultados del ejercicio 2012
Esta dificultad, sin embargo, no resulta suficientemente grave como para determinar la postura del Ejecutivo. Esa misma complejidad tíécnica dificulta tambiíén la propuesta de ATA, que solicitó al Gobierno que los autónomos cotizaran en función de sus rendimientos netos. Los trabajadores por cuenta corriente afiliados al Ríégimen General de Trabajadores Autónomos (RETA) pueden elegir su base de cotización. La mayoría opta por la mínima. En España, según cálculos de ATA, hay en torno a 700.000 autónomos que ganan más de 30.000 euros anuales y cotizan por una base de 10.300 euros. Mientras que otros que no alcanzan ese umbral, abonan el mismo porcentaje a la Seguridad Social. Por ello, ATAya reclamó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría que se adecuaran los tipos de cotización a la situación real de los trabajadores por cuenta propia. Fuentes de Empleo indicaron en enero que estaban estudiando esa posibilidad, aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión.
Hoy, Convergí¨ncia i Unió (CiU) llevará a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo una propuesta para que se forme un grupo de expertos que analice la viabilidad de reducir las cuotas sociales para los contribuyentes que se encuentran en los tramos más bajos. A pesar de que Empleo ya barajó esta propuesta, todo apunta que el PP, que cuenta con mayoría absoluta, rechazará el proyecto presentado por CiU.
Revisión del sistema de módulos
Más allá del debate sobre los tipos de retención y cotización, la reforma fiscal que aprobará el Ejecutivo antes de primavera incluirá más cambios para el sector. Por ejemplo, Hacienda planea limitar el sistema de módulos solo para los autónomos que venden al consumidor final. Se trata de una medida para combatir la economía sumergida. La inspección fiscal considera que la tributación por módulos es un nido de facturas falsas. Los llamados moduleros pagan impuestos en función de variables objetivas como los metros cuadrados de su negocio o el consumo de energía. ¿Y por quíé ello incentiva el fraude? Porque un autónomo en módulos tributa lo mismo con independencia de sus ingresos. Ello facilita la emisión de facturas falsas que otras empresas y autónomos que no tributan por módulos pueden desgravarse. Por este motivo, se plantea mantener el ríégimen especial solo para aquellos pequeños empresarios que venden al consumidor final.
La ley contra el fraude fiscal que aprobó el actual Gobierno en 2012 ya limitó la aplicación del ríégimen. Así, Hacienda prohibió tributar por módulos a los autónomos que facturan más del 50% de sus operaciones a otros empresarios. Esta medida afecta a colectivos “de mayor riesgo†como carpinteros, albañiles, fabricantes de artículos de ferretería o de carpintería, yeseros, fontaneros o transportistas que, ahora, deben tributar por “estimación directaâ€. Es decir, pagan en función de su beneficios reales.
