El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado hoy al Fútbol Club Barcelona, como persona jurídica, por un delito fiscal en el fichaje del delantero brasileño Neymar, despuíés de que la Fiscalía así lo pidiera al considerar que el club defraudó 9,1 millones de euros a la Hacienda Pública.
Ruz, que ya investiga al expresidente del club Sandro Rosell por apropiación indebida en ese fichaje, ha tomado esta decisión despuíés de que ayer el fiscal Josíé Perals se lo reclamara en un escrito en el que afirmaba que uno de los indicios de delito fiscal "es la existencia de contratos simulados, así como la realización de operaciones de 'ingeniería financiera', mediante los que se pretende cometer el engaño a la Hacienda Pública".
"Concurren al presente estadio indicios suficientes para la investigación acerca de la posible comisión del delito contra la Hacienda Pública por parte de la entidad Fútbol Club Barcelona", afirma ahora el juez en un auto, en el que tambiíén acuerda una serie de diligencias, que ya le había reclamado el fiscal para confirmar la comisión del delito fiscal por parte del club.
Sospechas de una mayor retribución al jugador
El magistrado entiende que las cantidades abonadas por el Barcelona por el fichaje del jugador brasileño "podrían responder, en cuanto a su verdadera naturaleza, a una mayor retribución del propio jugador, teniendo en tal caso la consideración de rendimientos de trabajo, y debiendo tributar por este concepto".
El contrato de Neymar se firmó en Barcelona el 3 de junio de 2013 entre el jugador y su padre, de un lado, y Rosell y el presidente actual del club, Josep Maria Bartomeu, de otro, pero no entró en vigor hasta el 29 de julio de 2013, pactándose una duración de 5 años.
En este punto, el magistrado concluye que, de acuerdo con estos periodos, Neymar tenía en ese tiempo la condición fiscal de "no residente", por lo que "la obligación de tributar correspondería al pagador, el FC Barcelona, que debería practicar la retención sobre el ingreso íntegro de las retribuciones abonadas, en concreto del 24,75 por ciento de los rendimientos" de Neymar.
De esta forma, Ruz se refiere a la hipótesis de la Fiscalía, que ayer cifró el posible fraude tributario en 9.100.800 euros, cantidad que obtiene al observar que las cuantías de las operaciones derivadas del fichaje fueron 10 millones en 2011 y 27.920.000 euros en 2013, "respecto a las cuales no consta que se hayan retenido ni abonado las correspondientes deudas tributarias".
Si se certifica el fraude, el Barí§a podría regularizar su situación fiscal por vía administrativa, lo que no le exime de la responsabilidad penal, aunque la multa por el fraude tributario sería menor, según fuentes jurídicas.
En cuanto a las diligencias pedidas, el juez solicita a la Agencia Tributaria que aporte las declaraciones voluntarias de liquidación de impuestos del club de los años 2011, 2012 y 2013 relacionadas con el fichaje del brasileño.
¿Dónde debía tributar Neymar?
El magistrado tambiíén quiere certificar si Neymar se consideraba a efectos fiscales como "no residente" en 2013, con obligación de tributar en España, o si por el contrario la tributación la debía hacer en su país de origen.
Además pide a un funcionario de Hacienda que elabore un informe sobre la incidencia fiscal de las transacciones económicas derivadas del fichaje, así como sobre el cálculo de la cuota supuestamente defraudada y, en su caso, propuesta de regularización fiscal.
El magistrado reclama asimismo al padre del futbolista, Neymar Da Silva Santos, que aporte al juzgado en un plazo de diez días los estatutos de cuatro de las sociedades en las que aparece como representante legal, como la sociedad N&N.
Tambiíén reclama al padre y agente del jugador las declaraciones tributarias a partir de 2011 y el contrato de cesión de la explotación de los derecho de imagen de la sociedad N&N con el futbolista.
En su auto, Ruz ofrece a la Abogacía del Estado la posibilidad de emprender acciones legales en este caso.
El caso Neymar le costó la presidencia a Rosell
El pasado 22 de enero, Ruz admitió a trámite una querella interpuesta por un socio del club, Jordi Cases, por apropiación indebida en este fichaje al entender que podría haber respondido a "una simulación contractual", lo que supuso la dimisión del hasta entonces presidente del club Sandro Rosell.
Ruz sospecha que se ocultó a los socios del club la cantidad por la que se fichó al brasileño, que el querellante cuantifica en 40 millones del pago a la sociedad del padre de Neymar y 17,1 millones en concepto federativos al Santos, cantidades a las que añade 7,9 millones por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos y 9 millones por dos partidos amistosos.
