La banca le ha declarado la guerra al Gobierno por el agujero de las autopistas de peaje, que asciende a cerca de 5.000 millones de euros. Bankia, el mayor acreedor de las radiales R-3 y R-5 de Madrid, ha ejecutado en un movimiento sin precedentes los críéditos de la sociedad concesionaria, participada por Abertis, ACS, Sacyr y la propia entidad financiera. Se da la circunstancia de que el banco tiene como mayor accionista al Estado, contra el que se ha rebelado.
Fuentes próximas a los accionistas han reconocido que los bancos acreedores de Accesos de Madrid, la empresa que gestiona las dos autopistas de pago, han demandado a la compañía participada por La Caixa y por OHL y a las constructoras presididas por Florentino Píérez y por Manuel Manrique, respectivamente. Le exigen el cobro de las prendas, que principalmente son garantías dinerarias y que, según distintas fuentes, oscilan entre los 200 y los 300 millones de euros. Tambiíén tienen derecho a quedarse con la titularidad de la concesiones, cuyo accionista último es Alazor Inversiones, y que tiene como secretario del consejo al abogado de la infanta Cristina, Miguel Roca Junyent.
Accesos de Madrid solicitó el concurso de acreedores en octubre de 2012 despuíés de renegociar en varias ocasiones y en balde su deuda de 660 millones de euros. La gestora, creada durante el último mandato de Josíé María Aznar, consiguió incluso príéstamos participativos por parte del Gobierno de Josíé Luís Rodríguez Zapatero por hasta 540 millones para abonar los costes adicionales de las expropiaciones.
La decisión de Bankia, que ha actuado en nombre de todos los prestamistas en condición de banco agente, se produce despuíés de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, incumpliese lo prometido con la banca, con la que alcanzó un principio de acuerdo para crear un holding de capital público en el que se agruparían a las diez concesiones que actualmente están en quiebra. Los bancos aceptarían una quita próxima al 50% si el Estado inyectaba dinero nuevo y cargaba con la deuda pendiente de pago.
Pero el pasado 24 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que supuso de facto abandonar a su suerte a las empresas concesionarias y a los bancos financiadores. La medida fue forzada por Cristóbal Montoro, que con este regate de última hora evitó que el agujero computase como díéficit del Estado. Esta decisión traería consigo el inicio de una batalla legal entre las partes, con las consiguientes ejecuciones de la banca a las constructoras y las demandas de estas contra el Estado por no cumplir con la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración o RPA.
Bankia, que lideraba el príéstamo sindicado concedido en 2003, está acompañada en esta operación por Banco Santander, Ahorro Corporación, ING, Lloyds, Royal Bank of Scotland e ING, con los que suscribió varios contratos de cobertura por un valor nocional de 366 millones de euros. Lo estrambótico de la ejecución de las garantías es que el propio banco tiene un 20% de Accesos de Madrid y que al mismo tiempo está participado mayoritariamente por el Estado (61% tras la venta del 7,5% llevada a cabo la semana pasada). En contra de lo que afirman fuentes de los accionistas, Bankia asegura no haber ejecutado nada y que tan sólo ha comunicado al juez la situación de los príéstamos.
Las autopistas de peaje que ya se han declarado en concurso de acreedores son las famosas radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5) junto a la AP-41 de Madrid-Toledo (Isolux, Comsa, Sando, Azvi); la AP-36 de Ocaña-La Roda, operada por Ferrovial; el tramo Cartagena-Vera que explotan FCC, Bankia, Ploder, Unicaja y Sabadell; la circunvalación de Alicante en manos de Ciralsa; y la M-12 de acceso a la T-4 de Barajas, bajo control de OHL. Entre todas suman una deuda bancaria de 3.800 millones y un coste por expropiaciones de 1.200. En total, un agujero de 5.000 millones.
La mayoría de las operadoras han provisionado total o parcialmente las minusvalías, que en gran parte de los casos es la aportación del capital más los intereses abonados. En el caso de Accesos de Madrid, tanto Abertis como Sacyr ya se anotaron las píérdidas en ejercicios precedentes. Por si fuera poco, la empresa catalana de autopistas y Bankia han abierto un litigio judicial contra las dos constructoras, a las que les exigen que les compren sus participaciones.
