Iberdrola, Endesa o Acciona no son las únicas que van a invertir en España mucho menos de como lo hacían antes por la inseguridad jurídica derivada de las medidas regulatorias adoptadas por el Gobierno. ACS, la mayor constructora del país, tambiíén va a dejar de ofrecer sus servicios en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde ha tenido serios problemas para cobrar sus facturas.
Así lo dijo el pasado viernes Florentino Píérez, el presidente del holding de construcción y servicios medioambientales en la presentación de los resultados de 2013. El primer ejecutivo de ACS señaló que “vamos a reestructurar la cartera de clientes en España por la experiencia de dificultades de cobro que hemos tenido en los últimos añosâ€. El directivo se refería a los cientos de trabajos que las Administraciones Públicas le dejaron a deber y que le siguen provocando un serio problema de circulante.
Píérez, que siempre ha hecho pública su buena relación con todos los dos grandes partidos políticos –PP y PSOE–, a cuyas convenciones suele incluso acudir, expresó con claridad que ACS se va a centrar en obtener contratos en el exterior, en países como Estados Unidos y Francia, donde existe una mayor garantía de cobro. Una forma de exponer que su compañía no optará a las obras o a las contratas que se liciten en España si no se le asegura el pago.
La posición se explica porque ACS fue una de las que más sufrió el retraso en el abono de las obras por parte de las Administraciones. Cuando el Gobierno aprobó el primer plan de pago a proveedores, el grupo participado por los March y los Albertos tenía en el cajón trabajos a cobrar por 1.500 millones de euros. La compañía recibió 1.255 millones a mediados de 2012, pero la morosidad le volvió a crecer por los impagos de las llamadas mancomunidades de servicio público, en las que se agrupan ayuntamientos, consorcios, universidades, hospitales y otros entes.
“Todos sabíéis que hemos vivido unos años malos y particularmente en nuestro sector de la construcción. Se produjo un ajuste brutal en todos los órdenes en España. Hemos sido solidarios y hemos hecho todos los reajustes que teníamos que hacerâ€, dijo Píérez, que relacionó estas medidas con la reducción del dividendo al 50% de lo que pagaba antes de reconocer píérdidas de 1.925 millones en 2012.
Los números de la compañía refrendan las declaraciones del presidente de ACS. El grupo tiene un fondo de maniobra negativo de 1.627 millones, cifra que, siendo preocupante, es mejor que los 2.698 millones que sufría a cierre de 2012. Esta recuperación se produjo básicamente por “la caída de actividad en España, que implica una reducción del saldo acreedor en el capital circulante operativo de la actividad de construcciónâ€. Es decir, a menos actividad, menos mora.
La cifra de factoring y titulización ascendió a 458 millones, un menor saldo que en 2012 como consecuencia de una menor cifra de negocio en España y la ejecución del plan de pago a proveedores por parte de la Administración. Una bocanada de aire que tambiíén le permitió reducir en el último trimestre de 2013 el saldo deudor del capital circulante de la actividad de medio ambiente, principalmente recogida de basuras y jardinería.
Huelgas por toda la geografía
Urbaser, la filial de servicios de ACS, ha sufrido, además del retraso de los pagos, huelgas de sus trabajadores a los que la compañía a su vez no podía abonar sus nóminas. El grupo tuvo que hacer frente a protestas en ciudades tan diversas como Jerez, Roquetas, Chiclana, Almería, Elche, León y Santiago de Compostela, donde encima ha sido condenada a desembolsar los costes por los paros organizados en 2010.
Tras la renovación de las concesiones, la sociedad ha dejado ya de prestar sus servicios en algunos barrios de Madrid donde tenía la contrata despuíés de la políémica por las miles de toneladas de basura que se acumularon en las calles de la capital de España. Por el contrario, en octubre del pasado año se adjudicó el contrato de recogida de residuos “puerta a puerta†de Paris por 30 millones de euros durante cinco años.