El Gobierno se había comprometido a presentar hoy los datos de la liquidación presupuestaria de 2013, al menos, así lo establecía el calendario previsto. Sin embargo, el Ejecutivo va a agotar el plazo de comunicación a Bruselas hasta final de marzo, aunque, prácticamente, el díéficit está ya ajustado en el 6,7% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone una desviación de dos díécimas sobre el objetivo comprometido por el Gobierno.
De esta forma, el díéficit consolidado de las Administraciones Públicas habría superado los 68.500 millones de euros, esto es, unos 2.000 millones más sobre la cifra prevista. La cifra coincide exactamente con las previsiones de invierno avanzadas por la Comisión Europea.
Según fuentes oficiales, el Gobierno de Mariano Rajoy ha estado en contacto con Bruselas en estos días para apuntalar "esta leve desviación", ya que además de que algunas comunidades autónomas no pudieron cumplir con el objetivo a la carta previsto y de que el díéficit de la Seguridad Social tambiíén podría ser algo superior al estimado, la recaudación no ha cumplido todas las expectativas esperadas. Es más, por si fuera poco, el Gobierno previó un descenso importante en el pago de intereses de la deuda sobre su previsión inicial de más de 7.000 millones -aunque esta cifra podría resultar algo inferior-.
En un principio, el Ejecutivo había previsto un coste muy superior. Había estimado un gasto de 38.660 millones y, sin embargo, en la liquidación provisional, las obligaciones de gasto reconocidas son un 20% inferiores, hasta los 31.049 millones. Como ya advirtió el departamento del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, "los ingresos se han quedado por debajo y algunas partidas de gasto podrían no haber disminuido tanto como se había planeado".
Ya el pasado mes de noviembre, último dato conocido, el díéficit del Estado, el que controla directamente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegaba a 40.606 millones, esto es, el 3,96% del PIB, y superaba el objetivo fijado para todo el año. Hasta esa fecha, las comunidades autónomas, con el incumplimiento hasta entonces de las cuatro sujetas al plan de reequilibrio financiero -entre ellas, Cataluña y Comunidad Valenciana-, registraban saldos negativos superiores.
Además, el Gobierno no ha podido contar este año con el traslado de ejercicio de las devoluciones impositivas -IVA, Impuesto de Sociedades e IRPF-, practicado en otros años para favorecer el cumplimiento del díéficit. El problema es que la oficina estadística europea Eurostat estableció que sólo deben contabilizarse cuando las soliciten los contribuyentes. Lo que sí ha dado tiempo a trasladar es la segunda fase del último pago del plan de proveedores hasta febrero.
En todo caso, que el díéficit no haya llegado al 7%, como adelantaron la mayoría de los servicios de estudios, se debió al buen comportamiento de los ayuntamientos, que podrían haber registrado un superávit superior a los 2.000 millones de euros del año pasado y cercano al medio punto -esto es, 5.000 millones- cuando la previsión era de equilibrio. Pero, sobre todo, se ha debido a una última actuación, el pasado mes de diciembre, de ajuste sobre el gasto público, cuyos detalles aún no ha dado a conocer el Gobierno y que ha puesto en descubierto el dato de la Contabilidad Nacional del cuarto trimestre.
Suspicacia de la oposición
Este ajuste público redujo al 0,17% el crecimiento trimestral del Producto Interior Bruto cuando el Banco de España, el Gobierno e, incluso, el propio Instituto Nacional de Estadística (INE), que elabora el dato del PIB, habían confirmado un alza de tres díécimas en varias ocasiones.
El descenso del gasto público en el último trimestre en el 3,9% frente al alza en el anterior trimestre del 0,6% ha levantado la suspicacia de la oposición, cuando precisamente en ese periodo los funcionarios sí cobraron la paga de Navidad (5.500 millones). Curiosamente, hace un año, cuando se suprimió esa paga extra, el consumo público intertrimestral sólo cayó un 0,3%. Esta caída «tan profunda», sin aclarar aún y que podría haber sido de unos 5.000 millones -medio punto de PIB-, ha sido calificada por el PSOE de "maquillaje contable" para encajar el díéficit.
Según los analistas consultados por este diario, este ajuste público extra se ha tenido que hacer con carácter de urgencia para taponar el descenso de gasto previsto y no realizado y, sobre todo, los efectos de la caída de la recaudación. En concreto, hasta el pasado mes de noviembre, la recaudación del Estado por IRPF, como consecuencia del descenso de las bases imponibles, sobre todo por la reducción de sueldos, era de 65.265 millones de euros, cuando para todo el ejercicio la previsión presupuestaria llegaba a los 74.215. Por el Impuesto de Sociedades, la caja era de 15.280 millones frente a la estimación de recaudación de 19.012 a final de año. En cuanto al IVA, la previsión final era de 54.657 millones y la recaudación alcazaba 49.637.
