A finales del mes de febrero del año 2012, el Congreso de los Diputados impidió que los Mossos d’Esquadra pudieran acceder a diferentes bases de datos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de Interpol. Convergí¨ncia i Unió (CiU) había presentado a mediados de ese mes una proposición no de ley para posibilitar que los agentes autonómicos se sirviesen tambiíén de bases como la del DNI, Embarcaciones, Armas, Tirce (para poder consultar vehículos mediante la introducción del DNI de cualquier ciudadano), Adextra (bases policiales de extranjeros, que incluyen fotografía y datos de filiación) o Meinas (para comprobar si una persona ha sido identificada por huellas dactilares en otras zonas del Estado).
Tambiíén solicitaba “el software de trabajo I/24/7-Interpol, con el fin de que la Policía Autonómica pueda tener acceso a todas las comunicaciones que llegan de la Unidad Nacional de la Europol para tener expediciones de interíés policial e informaciones especializadas sobre presuntos terroristas, personas buscadas o impresiones dactilaresâ€. Por último, los nacionalistas reclamaban “la oficina Sirene, para poder facilitar la localización de fugitivos o el desarrollo de investigaciones policiales a travíés del acceso a la supervisión de los señalamientos en los sistemas de información Schengen (SIS) y la información complementaria de los señalamientos SIS de otras oficinas Sirene de países del espacio Schengenâ€.
El voto en contra del PP y la abstención de los socialistas dieron al traste con las aspiraciones de los nacionalistas catalanes.
Dos meses más tarde, a finales de abril de ese año, CiU pidió al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, “el pleno reconocimiento y confianza del papel que tienen los Mossos d’Esquadra como policía integral del Estadoâ€, así como “marcos de colaboración institucional y operativo†para la prevención “de actuaciones criminales por grupos organizados que puedan realizarse en acontecimientos importantesâ€. CiU tenía el punto de mira en la cumbre del BCE que iba a tener lugar días más tarde en Barcelona y aprovechaba para reclamar la creación urgente de un registro de faltas para combatir la multirreincidencia.
ero el Gobierno español no estaba por la labor de abrir las puertas de la seguridad a los Mossos y aún a día de hoy mantiene las limitaciones de acceso a bases de datos importantes a la hora de trabajar.
La negativa de Interior provocó un cierto enfado en las filas nacionalistas, puesto que, con la actual situación, la Policía Autonómica depende de la estatal a la hora de buscar antecedentes de ciudadanos, por ejemplo. Y si pide acceso a las bases de datos para casos concretos, se ve obligada a desvelar a sus rivales los casos en que está trabajando, lo que no es santo de su devoción.
La ayuda del ‘CNI catalán’
De ahí que el 1 de junio del 2012 los Mossos d’Esquadra intentasen soslayar el hándicap de la falta de acceso a bases de datos. En esa fecha, el intendente Miquel Justo, directivo de los Servicios de Información de la Policía Autonómica, se dirigió a los responsables del Centro de Seguridad de la Información (Cesicat) para pedirles ayuda en este terreno. En aquel momento, el consejero de Interior era Felip Puig y el Cesicat estaba operando para intentar convertirse en el núcleo duro de lo que internamente se denominaba la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y popularmente ya se llamaba el ‘CNI catalán’.
Un escueto mail, del que se enviaba una copia al comisario jefe de los servicios de Información de los Mossos, Manel Castellví, señalaba: “Tal y como os comentíé ayer, íéstas son las bases de datos en las que estamos interesadosâ€. Justo es, precisamente, la mano derecha de Castellví dentro de la Policía Autonómica. Su correo, además, iba acompañado por un documento que llevaba por título Registro central de personas aseguradas. Y en íél se enumeraban un total de 34 bases de datos a las que los Mossos d’Esquadra les gustaría tener acceso.
Entre ellas se encontraban la del DNI (gestionada exclusivamente por el Ministerio de Interior), la de Unespa, la del Tirce, la del registro civil, la de Intervención de armas, la del Instituto Nacional de Estadística (INE), las de centros religiosos o las del catastro.
Tambiíén estaban interesados en tener acceso a bases de datos que son gestionadas por el Gobierno autonómico. Entre estas, las de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y las bases gestionadas por las oficinas de trabajo. Lo que pretendía la Policía Autonómica era poder penetrar en estas últimas con el perfil de jefe de oficina para que se le permita “ver la vida laboral de un trabajador y el lugar de trabajo actualâ€. Por si fuera poco, reclamaba el acceso a todas las bases de datos del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) o al “fichero único de prestaciones de carácter económicoâ€.
En el documento se detallaban tambiíén otras bases de datos que podían ser de interíés para los Mossos, como las del Servicio Catalán de la Salud (SCS) o las de la consejería de Salud. De esta, le interesaba penetrar con un “perfil de administrativo, que permita consultar el domicilio, telíéfono y dónde han sido atendidosâ€. Justo exponía tambiíén su interíés por los registros de alumnos matriculados, las bases de expedientes sancionadores del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), o las de Justicia. Incluso solicitaba las bases de datos del registro mercantil (a pesar de que especificaba que “ya se dispone de algún accesoâ€), del Registro de Cooperativas, del Registro de Entidades y Asociaciones, del Registro de Fundaciones, de la Cámara de Comercio, del Incasol, del registro de expedientes de menores, de las bases de datos de informes de Extranjería, de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y sobre el patrimonio o el acceso a la base de datos de Gestión Económica de la Generalitat “para seguir las subvenciones o ingresos provenientes de la Generalitat que reciben entidades que pueden ser objeto de investigaciónâ€.
Expediente sancionador
La petición al Cesicat se realizó, además, en un momento en que el CNI catalán estaba realizando seguimientos a activistas del 15-M y elaborando perfiles e informes con datos personales confidenciales. Uno de los espiados, el fotoperiodista Jordi Borrí s, denunció ante la Agencia Catalana de Protección de Datos (ACPD) que su nombre, dirección, telíéfono, formación acadíémica e información personal aparecían en uno de esos informes. El consejero Felip Puig negó, en un principio, todas las informaciones publicadas, tanto de seguimientos a activistas como de intentos de crear unos servicios de inteligencia catalanes, aunque finalmente acabó reconociendo todas las acusaciones.
Y tanto es así que la ACPD acaba de iniciar un expediente sancionador al Cesicat por la “recogida y tratamiento de datos personales sin haber solicitado previamente la inscripción del fichero correspondiente en el registro de protección de datos de Cataluñaâ€. Tambiíén le achaca el “tratamiento de datos personales sin haber recabado el consentimiento de las personas afectadasâ€. Un nuevo escollo que pone en duda otra vez la actuación de un organismo público, el Cesicat, en un campo de tanta sensibilidad como la seguridad de los ciudadanos, las empresas o las propias redes ciberníéticas de la Administraci
