La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) parece no ver claros los balances de los principales grupos de comunicación. Al punto que ha pedido cuentas a todas las firmas cotizadas –Mediaset, Atresmedia y Vocento– en relación con la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al cierre de nueve canales antes del próximo 6 de mayo. En concreto, el supervisor les ha remitido un requerimiento para saber por quíé aún consideran que es posible una solución satisfactoria y pedirles que estimen el impacto de una resolución del contencioso contraria a sus intereses.
La contestación de los afectados no difiere en exceso de la que ya proporcionan en sus informes anuales. Eso sí, llama la atención que todos los grupos, pese al ultimátum del Alto Tribunal y el Ministerio de Industria, mantengan que el problema es meramente formal y que hay margen para solventarlo. Por ejemplo, Vocento “entiende que sigue siendo factible la aplicación de alternativas normativas y de asignación de espectro que bajo su criterio (…) son compatibles con la ejecución de la sentenciaâ€, expone en su respuesta a los requerimientos del organismo que preside Elvira Rodríguez.
Todo arranca en noviembre de 2012. En esas fechas, el Supremo hacía pública una sentencia en la que anulaba el último reparto de canales del PSOE, al haber entrado antes en vigor la Ley de la Comunicación Audiovisual y obligar esta a concederlos vía concurso. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, esperó a marzo para dar señales de vida. Por un lado, aseguró que los canales dejarían de emitir. Por otra y con el fin de “salvaguardar los objetivos de interíés general derivados de la liberación del dividendo digitalâ€, les permitió seguir en antena “transitoriamenteâ€. Un planteamiento que el Alto Tribunal desarmó en diciembre. Hace apenas días, fijaba un deadline para el fundido a negro y provocaba un requerimiento de Industria a los grupos para el apagón.
En su respuesta a la CNMV, Vocento subraya que el cese de las emisiones no tendrá perjuicio contable alguno para la sociedad, ya que ni hay “ningún fondo de comercio, ni valor en el activo ligado a la explotación de los canales†ni instalaciones, compra de contenidos o activos fiscales pendientes de recuperar. Eso sí, la editora de ABC deja claro que no ha dicho su última palabra legal. En esta línea, se plantea “la posibilidad de exigir responsabilidades por haber llevado a cabo NET TV la totalidad de actuaciones precisas (…), que con posterioridad, y por un error de la Administración, se ha puesto en cuestiónâ€.
Una lluvia de inversiones
Mediaset, por su parte, hace hincapiíé en las importantes inversiones realizadas por los diferentes grupos para poner en marcha las nuevas frecuencias, fondos desembolsados “en la legítima confianza que albergaban de consolidar los canales otorgados y, en definitiva, de acceder cada uno de ellos al múltiple previsto en el Plan de la TDTâ€. En este sentido y tras dejar claro que incluso el escenario más desfavorable no tendrá efecto en sus cuentas, la firma de Paolo Vasile subraya que “la Administración no puede ni debe desvincularse de esos compromisos por mor de un mero defecto formalâ€.
Atresmedia, su adversario por la audiencia, comparte las premisas que se desgranan desde la firma italiana. Y ve salidas. “Atresmedia tuvo en cuenta la posibilidad de que se produjeran estas circunstancias, que sin embargo ni impiden ni limitan ni condicionan la posible aplicación futura de diferentes opciones, de tíécnica jurídica normativa y de asignación de recursos de espectro que, a juicio de Atresmedia (…), serían compatibles con el cese de canales y por tanto permitirían ejecutar el contenido de las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo que se citan en su carta, sin que eso implicara reducir de forma relevante la capacidad de emisión de contenidos de Atresmediaâ€, subraya la compañía.
Tambiíén el conglomerado de Josíé Manuel Lara prevíé pelea. “Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las posibles reclamaciones que en Derecho puedan corresponder a Atresmedia por los daños económicos derivados de esas resoluciones judiciales y de las posteriores decisiones administrativas, que en su caso se cuantificarán y reclamarán posteriormente, en el tiempo y la forma que se estimen más oportunos para la mejor defensa de nuestros derechosâ€, remacha sin ambages la compañía. Todo un aviso a navegantes
