La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que habría contado con la colaboración imprescindible de altos cargos de la Junta de Andalucía. Los investigadores creen que entre 2009 y 2011, los años en los que se centran las pesquisas, la trama habría malversado presuntamente fondos públicos por valor de 2.000 millones de euros, el fraude más elevado que se haya investigado nunca en la historia de España. De demostrarse, la cantidad defraudada superaría holgadamente el cíélebre “fondo de reptiles†del caso de los ERE (1.350 millones), el escándalo que ya provocó la salida del Gobierno de la Junta de su expresidente Josíé Antonio Griñán.
Las investigaciones, que han recibido el nombre de Operación Edu, arrancaron hace dos años tras una denuncia de la Seguridad Social y son obra de la Brigada Central de Delincuencia Económica de la UDEF. Según ha podido saber este diario de fuentes próximas a la investigación, los agentes sospechan que centenares de sindicatos, patronales y empresas privadas de toda Andalucía recibieron fondos públicos para organizar supuestos cursos para desempleados que nunca llegaron a realizarse o no reunían los requisitos necesarios para poder ser subvencionados. Los policías tambiíén creen que los altos cargos de la Junta de Andalucía responsables del control de estas ayudas colaboraron en el fraude limitando el alcance de las inspecciones.
Colaboración necesaria de la Junta
La mecánica del presunto fraude habría hecho imprescindible la participación de los máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el organismo encargado de gestionar esta línea de fondos. Sobre el papel, el 75% de la cuantía total de la subvención era transferido a las entidades solicitantes por adelantado, y el resto quedaba condicionado a una auditoría posterior de la ayuda. Sin embargo, los efectivos de la UDEF han advertido que las inspecciones no se realizaron o, cuando se hicieron y detectaron alguna irregularidad, sólo en raras ocasiones provocaron que la Junta exigiera la devolución del 75% de la subvención presuntamente malversada.
Los fondos para formación de desempleados cuestionados por la UDEF superarían en total los 3.700 millones de euros, de los que más de la mitad, según los investigadores, habría acabado teniendo un destino fraudulento. Las actuaciones delictivas tambiíén rebasarían el periodo 2009-2011, pero los agentes han decidido restringir a esos años sus pesquisas para evitar que las posibles irregularidades detectadas hayan prescrito.
Por ahora, los agentes ya han interrogado a más de 200 alumnos de cursos fraudulentos, pudiendo demostrar que la gran mayoría de ellos nunca participó en las formaciones o no reunía las condiciones para que los centros de formación lograran ayudas públicas. Sin embargo, todos ellos figuraban inscritos en la documentación que tramitaron los sindicatos, patronales y centros de formación presuntamente implicados para poder recibir las subvenciones del fondo para parados.
Un fraude masivo que afecta a toda Andalucía
Aunque la Operación Edu se centra por ahora en la provincia de Málaga, la demarcación a la que apuntaron las primeras pistas, en los dos años de investigación la UDEF ha recopilado numerosos testimonios y pruebas documentales que probarían que el fraude de los cursos de formación se habría producido en toda Andalucía y que su incidencia habría sido masiva. Calculan que existirían centenares de implicados en toda la comunidad gobernada por Susana Díaz. De hecho, según ha podido saber este diario, la provincia en la que se habría detectado el mayor número de irregularidades no sería Málaga, sino Almería.
No obstante, para evitar que el volumen del caso desborde la capacidad de la UDEF y de la Fiscalía, las pesquisas se focalizarán en esta primera fase en la provincia de Málaga. En el primer expediente analizado, correspondiente al ejercicio 2010, 15 de las 20 empresas que recibieron ayudas lo hicieron sin reunir las condiciones mínimas para presentarse al concurso. Los representantes del Ministerio Público en la provincia se han hecho cargo de la operación, pero podrían acabar siendo asumidas por la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ante la dimensión del caso.
El 35% de las ayudas a España acabó en Andalucía
La operación supone un duro golpe a la industria andaluza del paro. La comunidad recibió 2.875 millones de euros del Fondo Social Europeo para ayudas a desempleados correspondiente al periodo 2007-2013, el 35,6% del total asignado a España por la Unión Europea. Esos fondos fueron completados con otros 860 millones de euros aportados por la Administración del Estado. En total, más de 3.700 millones de euros que están ahora bajo el foco de una investigación que pronto dará los primeros resultados.
Los años sometidos a investigación coinciden con la última etapa de Manuel Chaves al frente de la Junta de Andalucía (la abandonó en abril de 2009) y con los primeros años de Griñán en ese cargo. Asimismo, los máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) eran los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández (2004-2010) y Manuel Recio (2010-2012).
