Por… Javier Suazo
En la díécada de los 70s y 80s, los programas de estabilización económica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en gran parte de los países latinoamericanos, se caracterizaron por su sesgo recesivo. En la búsqueda de reducir la inflación, díéficit fiscal y los desequilibrios externos, se afectó el ritmo de crecimiento del empleo y PIB, pero sin lograr el objetivo de corto plazo: estabilizar las economías y eliminar las presiones inflacionarias.
No obstante los logros alcanzados por estas economías en la díécada de los 90s y el reconocimiento tácito de una mayor flexibilidad en las medidas de políticas económica recomendadas por el FMI en contraposición a la ortodoxia monetarista, gran parte de sus funcionarios, principalmente aquellos que mandan a países como Honduras, siguen atando la economía a un dogma monetario: la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. No importa si la Misión de dicho organismo al visitar estos países encuentran una inflación baja o alta, las recetas son las mismas (congelar salarios, disminuir gasto público, aumentar la tasa de política monetaria, aumentar impuestos y el encaje, devaluar, etc.).
El argumento detrás de dicho dogma es que la autoridad monetaria, contrario a lo que sucedió con el enfoque heterodoxo aplicado en Latinoamíérica, que incorpora elementos de la teoría keynesiana y estructuralista cepalina, no puede al mismo tiempo- en el mediano y largo plazo- reducir la inflación y aumentar el producto y el empleo , ya que son objetivos contrapuestos, aunque en el corto plazo se evidencie cierto grado de complementariedad por la existencia de recursos ociosos y el control de la inflación.
El problema es el nivel o tasa de inflación que se espera alcanzar con las políticas de estabilización. Para los llamados monetaristas bastardos, o sea aquellos que están a favor de utilizar el dogma monetario pero a costa de un mayor endeudamiento de la economía y corrupción, tal como sucedió en Honduras durante el periodo de gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), la tasa de inflación debe ser menor de 5%, dos puntos arriba de la llamada tasa natural recomendada por los monetaristas tradicionales para economías de mayor desarrollo. Según este argumento, arriba de ese 5% es una señal que la economía se está calentado por un mayor díéficit fiscal causado por un exceso de gasto alimentado por más endeudamiento. Hay que contraer el gasto para reducir el díéficit y esterilizar dinero del endeudamiento con la intervención del Banco Central. Pero, además, la mayor inflación es un síntoma de perdida de competitividad de las exportaciones con sus principales socios comerciales que presiona por un ajuste cambiario.
La virtud del ajuste heterodoxo reside en lograr una estabilización gradual de la economía de un país latinoamericano sin inducir a una recesión con caída de la inversión, empleo y PIB. Entre otros argumentos, ello es más favorable ya que con el aumento del empleo y el PIB se cumplen otros objetivos como la reducción de la pobreza y el aumento de los ingresos para el fisco que sirven para cubrir los gastos de inversión (aumento del ahorro interno).
En Honduras, reciíén la Misión del FMI ha empezado la revisión del Artículo IV, donde el alto díéficit fiscal cerca de 8% del PIB y el sobreendeudamiento público total (45% del PIB) son dos de los principales desequilibrios a enfrentar. Las autoridades de gobierno buscan alcanzar ¿lo más pronto? un acuerdo con dicho organismo que permita tener acceso a unos 250 millones de dólares y los fondos de apoyo presupuestario y balanza de pagos. Agregado a ello, se estima que el crecimiento del PIB será menor de 3% y la inflación arriba del 6% por el impacto del aumento del precio de los hidrocarburos, alimentos y los problemas de cambio climático que afectará la cosecha de granos básicos.
No cabe duda que las exigencias del FMI se focalizarán en aquellas acciones orientadas a disminuir el díéficit fiscal, reducir gastos, despedir empleados públicos, congelar salarios y mejoras en la recaudación fiscal para equilibrar el díéficit primario. El gobierno aprobó la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti Evasión, para aumentar los ingresos tributarios en el orden de los 10,500 millones de lempiras, pero todavía en el lenguaje del dogma monetario, ello no es suficiente y se necesita disminuir el gasto aun más y frenar la corrupción. Otra medida es la aceleración de la devaluación, ya que en teoría reduce el gasto y aumenta competitividad, aunque autoridades del Banco Central no lo consideren apropiado-por el momento- dado el nivel reservas internacionales y los efectos negativos de la devaluación en los ingresos de la población que depende de un sueldo o salario.
Economistas independientes y ex funcionarios de la Secretaria de Finanzas esperan que el ajuste de las finanzas públicas recomendado por el FMI sea gradual, no tipo shock. Implica entre otras medidas, liberalizar recursos para financiar el gasto de inversión pública y estimular la generación de empleo y un mayor crecimiento del PIB. Caso contrario, el ajuste tendrá un sesgo recesivo tal como ha venido sucediendo con aumento del desempleo, un PIB raquítico y píérdida del ahorro nacional. El principal obstáculo para ello, será la resistencia del propio FMI para que se establezca un límite al monto de pago del servicio de la deuda, estimado en cerca de 30,000 millones de lempiras para 2104.
Suerte en sus vidas…
