Un juez británico ha desestimado una denuncia del grupo OHL contra el Gobierno de Gibraltar, al considerar que las autoridades del Peñón cancelaron de forma correcta en 2011 un contrato de 30 millones de libras (36 millones de euros) que había sido adjudicado a la empresa española para que construyera una carretera.
Según fuentes judiciales, la sentencia del magistrado Robert Akenhead es la mayor victoria en un pleito mercantil que ha obtenido Gibraltar en su historia. La decisión, anunciada el 16 de abril en la Corte de Tecnología y Construcción de Londres, puede ser apelada por OHL en una instancia superior. Fuentes próximas al grupo constructor aseguran que aún no saben si van a recurrir la resolución, comunicada hace unos días.
La compañía controlada por Juan Miguel Villar Mir logró en 2008 un contrato para construir una carretera y túnel junto al aeropuerto de Gibraltar. Según el texto de la sentencia, OHL ofreció 26,5 millones de libras para hacer las obras, frente a los 34,8 millones de libras que proponía Ferrovial. Al final, tras varios ajustes, el contrato de OHL se fijó en 30,2 millones de libras, con un plazo de ejecución de dos años.
Sobrecostes
Pero al comenzar la excavación, OHL se encontró con tierra y acuíferos mucho más contaminados de lo que preveía. Retirar ese material y llevarlo a un lugar seguro disparaba el coste de la obra. Según estimaciones citadas en la sentencia, el importe del proyecto se podía ir hasta los 123 millones de euros.
En esta situación, OHL detuvo las obras para negociar un aumento de la compensación por parte de Gibraltar. Las autoridades de la colonia se negaron a pagar más y optaron por dar por terminado el contrato en julio de 2011, algo que OHL denunció en Londres por entender que la cancelación fue realizada de forma ilegal.
Pero en su sentencia, el juez Akenhead dice que la responsabilidad de retirar el material contaminado correspondía a OHL, que no podía pedir más dinero por ello. Y acusa a la empresa española de detener las obras sin intención de reanudarlas, por lo que Gibraltar hizo bien al anular la adjudicación.
«A mi juicio, OHL no tenía intención de cumplir con las responsabilidades del contrato. No había indicación de que seguiría con las obras hasta que Gibraltar le eximiera de la responsabilidad por el material contaminado. ¿Hasta cuándo había que esperar para confirmar que OHL no iba a cumplir con el contrato?», se pregunta Akenhead en el texto de su sentencia.
OHL estuvo representada por el bufete Pinsent Masons, mientras que el Gobierno de Gibraltar contó con los abogados de Corbett & Co y Triay Stagnetto Neish
