Los ayuntamientos son la administración pública más saneada y si España estuvo cerca de cumplir el objetivo de díéficit del año anterior –rebasó en una díécima el límite del 6,5% impuesto por Bruselas– fue gracias al superávit del 0,4% registrado por los entes locales. Así lo hizo saber el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), íñigo de la Serna, tras reunirse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la Comisión Nacional de la Administración Local. El principal objetivo de la reunión era lograr un reconocimiento a esa disciplina presupuestaria y el Ejecutivo hizo un guiño a los municipios al anunciar una revisión a la baja de los tipos de interíés que pagan las entidades locales por el primer plan de pago a proveedores. En esa operación, los ayuntamientos recibieron 9.598 millones de euros y se fijó un tipo medio del 5,9% y un plazo de diez años para su devolución.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció esta tarde la revisión a la baja de las condiciones del primer plan de pago a proveedores, divididas en tres escenarios diferentes.
En el primero se encuentran 361 municipios, especialmente dañados desde el punto de vista financiero (con cargas elevadas de deuda y díéficit), que dispondrán de diez años más para la devolución de los príéstamos y que verán reducido en 45 puntos básicos el tipo que pagan por esos príéstamos. A cambio, estos ayuntamientos tendrán que realizar un nuevo plan de ajuste económico y deberán además abrir una cuenta única para garantizar el pago a los proveedores.
En los otros dos supuestos se encuentran los restantes 1.925 consistorios que se acogieron a ese plan de pago y cuya situación financiera es más desahogada. Estos municipios se podrán acoger a dos condiciones. La primera establece un año adicional de carencia en el pago de los príéstamos y una rebaja de 131 puntos básicos y en la segunda no hay cambios en el período de carencia inicial (dos años) y la bajada del tipo se eleva a 140 puntos. De este modo, los ayuntamientos que se adhieran a esta última modalidad podrían ver rebajado el interíés desde el 5,9% hasta el 4,5%. A cambio de la ampliación de plazos y de la rebaja del tipo de interíés, los municipios deberán cumplir con tres condiciones:poner en marcha el proyecto Emprende3 para facilitar la apertura de nuevos negocios, la adhesión inmediata a la facturación electrónica y avanzar en las declaraciones responsables electrónicas para la concesión de licencias para la apertura de negocios. Montoro aclaró que esas tres medidas forman parte de las 217 descritas en el informe para la reforma de las administraciones públicas y considera prioritaria su implantación. Hacienda calcula que el ahorro para los municipios se elevará a 270 millones de euros durante los diez años de vida del críédito.
Asimismo Montoro tambiíén avanzó que esta rebaja de 140 puntos en el tipo de interíés tambiíén se aplicará a las autonomías que se adhirieron al primer plan de pago a proveedores y que solicitaron 17.704 millones. El ahorro estimado se eleva a 980 millones de euros. La más beneficiada con esta medida será la Comunidad Valenciana, que asumió críéditos por importe de 4.354 millones de euros (el 24,5% del total del críédito concedido a las autonomías).
El plan de pago a proveedores y el fondo de liquidez autonómico han sido dos herramientas que han permitido dotar de liquidez a comunidades y ayuntamientos que no lograban acceder a los mercados financieros o debían tomar príéstamos a un tipo de interíés muy elevado. Solo el plan de pago a proveedores ha permitido abonar más de ocho millones de facturas por un importe superior a los 41.800 millones. Por otra parte, el fondo de liquidez autonómico ascendió a 16.638 millones en 2012 y alcanzó los 22.948 millones. En 2013, el Ejecutivo ha establecido una nueva línea de financiación a la que se han acogido Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Según los cálculos del Gobierno, las comunidades adheridas al FLA se ahorrarán unos 908 millones anuales desde 2012 y 5.849 millones si se contabiliza todo el plazo de la operación.
Este es el argumento que esgrime Hacienda para reclamar que el resto de comunidades se adhieran al fondo. Madrid rechaza realizar ese paso para evitar la estigmatización que supone acogerse a un fondo que los mercados interpretan como un rescate.
